ERC empuja a Sánchez a la ilegalidad

No es una casualidad que el PSC haga público el documento marco de su próximo congreso –que se celebra en diciembre– el día que la militancia de ERC dio su opinión sobre la investidura de Pedro Sánchez, por si le podía seducir. El 94% ha dicho no. No lo es porque el elemento más destacable de dicho documento es la aceptación de la España «plurinacional» y el reconocimiento de Cataluña como nación, lo que dicho así, dentro de esa jerga ambigua y polisémica, donde las palabras cambian de significado en función de quién las dice y para qué las dice. Los socialistas catalanes, de la mano de Miquel Iceta –que es mucho más que la voz de Sánchez en Cataluña– vuelve a desempolvar la Declaración de Barcelona y las conclusiones del 39º Congreso Federal del PSOE de junio de 2017 con las que creía dar con la solución para aplacar la ambición de los nacionalistas catalanes de romper con España en cuanto pudiesen –o viesen al Estado con signos de debilidad–, lo que no les aplacó, muy al contrario: tres meses más tarde, el 27 de octubre, los dirigentes de la Generalitat declararon unilateralmente la independencia, con las consecuencias penales ya sabidas.

Sánchez vuelve a poner encima de la mesa exactamente lo mismo, el reconocimiento de Cataluña como nación, no porque crea en ello, sino porque necesita los votos para seguir en La Moncloa. Desconocemos si es consciente de las consecuencias de este cambio, si se fijase en la Constitución, ya que dicho reconocimiento invalida la del 78 y sólo puede ser efectivo dentro de la Carta Magna. Reformar la Constitución con la mitad de los partidos en contra: imposible. Para empezar deberá responder si el reconocimiento como nación de Cataluña invalida el punto 2 del artículo 1 («La soberanía nacional reside en el pueblo español»), porque sería la primera vez que una nación con todas las de la ley renunciase a su aspiración de ser Estado, y además a favor del que considera su enemigo histórico. Bien que lo dijeron los propios nacionalistas ayer en respuesta a la propuesta de los socialistas catalanes: «Es entrañable que el PSC quiera reconocer a Cataluña como nación... cuando lo que necesitamos es ser un Estado». Así es, y ya sabemos que su objetivo en nada ha cambiado. ERC ha puesto cuatro condiciones –las de ayer–, que hace difícil la negociación con un partido dirigido por un condenado por sedición porque supondría servir en bandeja, ahora por la vía pacífica, lo que no consiguieron en un movilización sediciosa –referéndum incluido– que quiso acabar con la legalidad democrática. Pasemos por encima el primer punto en el que se pide un diálogo «de igual a igual», «de Gobierno a Govern», y centrémonos en la exigencia del «ejercicio del derecho de autodeterminación de Catalunya como reconocimiento y solución al sentir del pueblo catalán». Ahí está el remedio.

No será fácil trasladar el derecho a independizarse en esa futura Constitución federal que propone Iceta. Dada la imposibilidad de dar respuesta a qué autonomías y regiones pueden considerarse naciones –suponemos que sólo lo son las «nacionalidades históricas»–, no se está hablando de una estructura federal, sino de un «federalismo asimétrico» en la que Cataluña tendría un reconocimiento aparte y el País Vasco, si el privilegio de la foralidad le sigue saliendo a cuenta. Aunque este punto se suavice, no puede eludir lo fundamental: reformar el título VIII de la Constitución, lo que supone una nueva ordenación territorial, que permitiría fijar –no hay mal que por bien no venga– las competencias definitivas del Estado. No nos engañemos, el nacionalismo catalán no es de raíz federalista. Visto lo visto, no sabemos para qué se votó el Estatut de 2006 y aquel Preámbulo en el que se especificaba que «Cataluña quiere desarrollar su personalidad política». Todo indica que no ha sido capaz de hacerlo manejada por la clase dirigente más aventurera e inepta del siglo XX y lo que va del XXI.