Un Código Penal al servicio de ERC

Paso a paso, se va cumpliendo el pacto que alcanzó el PSOE con ERC que llevó, de nuevo, a Pedro Sánchez a La Moncloa. El punto central es «desjudicializar» el «proceso» para abrir «el reconocimiento del conflicto político y la activación de la vía política para resolverlo» –tal y como lo especifica el documento que socialistas e independentistas firmaron–, lo que, por lo que vemos ahora, incluye medidas que aligeren las condenas a los procesados por el golpe contra la legalidad democrática de octubre de 2017. Primero fue Sánchez quien lo adelantó el lunes en su entrevista en TVE: es necesario un «Código Penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir a España». Sin duda que a esta época que nos ha tocado vivir no le correspondía que se alzarán contra la Constitución una parte de su Estado representado en la Generalitat de Cataluña. Esa fue la anomalía y el delito de sedición es el que más se ajustaba, según falló el Tribunal Supremo, y en aplicación del artículo 544, que es el que ahora estaría dispuesto a reformar el Gobierno.

Después del presidente, la portavoz María Jesús Montero ratificó esta idea tras el Consejo de Ministros, pero incluso fue más allá en su concreción, ya que propuso un «debate abierto» para una «tipificación de delitos que hemos visto respecto a los comportamientos que se ha producido en Cataluña». Por lo tanto, no cabe duda de que esta es la intención, que puede ejecutar, bien desde el propio Gobierno, lo que obligaría a que PSOE y Unidas Podemos llegaran a un acuerdo, lo que parece que será posible, si no está ya cerrado. De no ser así, se tramitaría a través de los grupos parlamentarios en el Congreso, un proceso más lento que si lo propone el Ejecutivo, que tiene prioridad en la Mesa. En todo caso, en aplicación del artículo 2 del Código Penal, supondría una reducción sustancial de la pena de los condenados por el 1-O, ya que el reo se beneficia de la ley más favorable, por lo que tendrá un carácter retroactivo, «aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena». Más valor tendrá, incluso, el levantamiento de la pena de inhabilitación para cargo público, lo que a todas luces tendrá aún más significado en el caso de Oriol Junqueras, que coincide con el objetivo político de ERC de que, tras su paso –breve– por la cárcel presida la Generalitat. De esta manera se cerraría el acuerdo que Sánchez pactó con los independentistas, condición para que la legislatura continúe y se aprueben los presupuestos antes del verano, de ahí que se haya planteado de manera tan rápida –en el segundo Consejo de Ministros– y, sobre todo, de manera tan clara y pública. ERC quería un compromiso claro y Sánchez ha aceptado, sin importarle que esta reforma del Código Penal, que ni siquiera estaba en el programa electoral, se hace para asegurar su continuidad en La Moncloa, concediendo a los independentistas la primera gran exigencia del «pacto oculto»: anular la inhabilitación de Junqueras.

Y algo más: dejando abierta la posibilidad de un referéndum, en contra de lo que se comprometió en la campaña electoral de tipificar como delito las consultas ilegales. Sánchez ha vuelto a mentir, lo que ya forma parte de su manera de entender la política, o de poner a su servicio las instituciones del Estado: ha elegido a una fiscal general, Dolores Delgado, para «desjudicializar» el «proceso» y ha nombrado a una nueva directora general de la Guardia Civil para destituir al general de la Benemérita en Cataluña, tal y como exige ERC. Paso a paso, Sánchez está cumpliendo con lo pactado, aunque afecte directamente a lo que supuso el desafío independentista y su asalto a la legalidad. Sánchez debería explicar en el Congreso con toda claridad cuál es el objetivo último de reformar el delito de sedición tipificado en el Código Penal.