El Gobierno socialcomunista se ha fijado como uno de sus propósitos prioritarios socavar la autonomía económica y fiscal de la Comunidad de Madrid. Los mensajes y las iniciativas apadrinados por los responsables gubernamentales y las baronías socialistas convergen en una estrategia que pretende desanclar los pilares principales de las políticas del gabinete de Isabel Díaz Ayuso y desacreditar sus logros como si fueran el fruto de la insolidaridad y el abuso con el resto de territorios de la nación. La versión cenagosa es que si a las regiones, pongamos socialistas o nacionalistas, les va mal, no se debe a sus errores en el diseño de unas actuaciones que asfixian o encorsetan la actividad y que son refractarias a la inversión, sino a que la Comunidad de Madrid es la competencia desleal que absorbe recursos con malas artes a costa de otros. Nada de todo eso responde a la verdad. En realidad, la izquierda necesita descomponer el proyecto de éxito que desnuda todas las vergüenzas de los planes expansivos de La Moncloa con cargo al bolsillo de los ciudadanos y a la capacidad inversora de las empresas y al endeudamiento público. Como los índices macroecónomicos acreditan que las decisiones eminentemente liberales, pero no descarnadamente liberales, están alimentando la potencialidad de la región capitalina y que ello se traduce en parámetros al alza en bienestar y prosperidad de la gente, el Gobierno está decidido a boicotear esa acción ejecutiva desde el Boletín Oficial del Estado y desde su mayoría frentista en el Parlamento. La excusa de la armonización fiscal, el falaz reproche del dumpin impositivo, vierte un caldo de cultivo tóxico en un borrascoso clima institucional para atacar la discrecionalidad competencial de Madrid y su derecho constitucional y estatutario a tomar decisiones en pos del interés general. Lo inteligente, llegado a este punto en el que el dogma estadístico es incontestable, sería que se imitara aquello que funciona y no que se impusiera una senda ya recorrida por la izquierda en otros periodos de nuestra historia reciente y que solo conduce a un escenario de crisis y desequilibrio y que nos condena a un futuro de sacrificios para recuperar lo perdido. Pero no. Esta izquierda es mezquina y sectaria, y esta coalición socialcomunista parece dispuesta reventar los umbrales de la arbitrariedad y las malas artes caiga quien caiga.

Si por sus obras los conoceréis, estas certifican que el fin justifica cualquier medio para acabar con el adversario. Armonizar en pos de la regresión económica garantizada con las recetas socialcomunistas es un tiro en el pie de los hogares españoles. Más cuando el modelo liberal, de flexibilidad y bajos impuestos, ha colocado a la Comunidad de Madrid como la primera potencia económica de España con un PIB 2.100 millones superior a Cataluña, un crecimiento del 2,3% el pasado año a gran diferencia del resto de los territorios, especialmente significativo frente al 1,5% de las comunidades catalana y vasca, una tasa de paro del 9,99% en 2019, el mejor cierre desde 2007 y un aumento de la inversión extranjera del 259% desde 2016. Todo ello además con el dato, este sí constatable sobre la capacidad de compromiso con la nación de la autonomía madrileña, de que ha aportado un 150% más que Cataluña al fondo de solidaridad del Estado del que se nutren la inmensa mayoría de las comunidades. Por lo tanto, como bien ha transmitido Díaz Ayuso a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hay que dejarse de eufemismos y saber que el Gobierno quiere que nadie escape a su impuestazo aunque medie la intervención de regiones como la madrileña. El Ejecutivo podría volcar sus propósitos en sumar esfuerzos por un bien colectivo y no practicar la oposición a la oposición allí donde gobierna con una infame estrategia de persecución. Hay recetas económicas que funcionan y otras que no tanto. Obcecarse en las segundas para engrasar un proyecto particular a riesgo de perjudicar la vida de la gente es profundamente inmoral.