El uniforme del Rey

No sé si el hoy de España es una tormenta perfecta, pero casi. Así a la crisis sanitaria y a la económica, presente y venidera, más a su secuela social, se añaden dos más. Por un lado la crisis territorial, ahora atenuada en lo sedicioso pero acentuada en lo «administrativo»: ahí tenemos una Administración central debilitada, un Estado ineficaz, mal gestionado, empeñado en ser sólo el participio pasado del verbo estar. Vaya como muestra la descoyuntada –que no descentralizada– gestión en lo judicial. Y todo aliñado por la desunión europea y un gobierno diseñado tanto para un ejercicio narcisista del poder como para intentar el asalto al palacio de invierno.

Y hay una cuarta crisis: la constitucional. No proviene de fuerza mayor, ni es casual: es intencionada, propiciada por la ideología gobernante. Se evidencia en que aprovecha la pandemia para sitiar el ejercicio de ciertos derechos y libertades, entre otros la libertad informativa, o se aprovecha también para atacar al Jefe del Estado, no tanto para criticarle como para dinamitar nuestra forma política, la monarquía parlamentaria.

Ejemplo de esto último son unas declaraciones que podrían parecer más que anecdóticas, menores, hasta ridículas, pero no: aquí nadie da puntada sin hilo. Me refiero a lo dicho por el vicepresidente segundo del gobierno en su homenaje a la Segunda República y a propósito de que el Rey use uniforme militar afirmó que desearía «que no viéramos a un jefe del Estado vestido con uniforme militar, porque es un representante del pueblo». Palabras que se agravan al proceder no de un activista antisistema sino de quien está instalado, y bien instalado, en el sistema. Y gobernando.

Dejo lo que tienen de desprecio hacia las Fuerzas Armadas, ahora que están prestando un servicio esencial; también lo que haya de mala fe al intentar enfrentar al Rey, a los militares, con el pueblo, y me quedo con la ignorancia que evidencian, algo que inquieta en quien, al parecer, es profesor universitario, prueba de la crisis de nuestra Universidad. Porque ignorancia es afirmar que el Rey es representante del pueblo, y no: son los parlamentarios los representantes de ese pueblo que lleva aportados más de veinte mil muertos (oficiales) y que agradece, entre otros, a las Fuerzas Armadas sus esfuerzos, luego ¿quién ofende al pueblo?, ¿el Rey o quien sí debe representarle?.

Tal bochorno se habría evitado si hubiera dedicado algo de tiempo a leer –y entender– la Constitución. De haberlo hecho descubriría que el artículo 62.h) dice que al Rey le corresponde «el mando supremo de las Fuerzas Armadas», lo que desarrolla, por ejemplo, la Ley de Defensa Nacional (artículo 3).Y no es un símbolo: es militar, en concreto capitán general de los tres ejércitos según la Ley de la Carrera Militar (artículo 2).Insisto basta leer nuestras normas para advertirlo y, salvo que medie malicia, es gravísimo que lo ignore quien forma parte del gobierno, una de cuyas funciones constitucionales es dirigir la Administración militar (artículo 97).

A partir de aquí podríamos discurrir sobre qué es y qué significa en España la Jefatura del Estado a diferencia de una república, en la que un civil es elegido para tal responsabilidad. Por tanto, si el Rey viste de uniforme es por su condición de militar, en cambio sí es simbólico tenerle como primer juez y que la Justicia se administre en su nombre, como así proclaman las sentencias, de ahí que vista toga en las solemnidades judiciales y así aparezca en los retratos oficiales que hay en los tribunales.

La Constitución no admite lecturas torcidas o a conveniencia. Así lo escribí hace poco a raíz de que este mismo personaje manipulase su artículo 128 para deducir de él que avala nada menos que una economía por entero estatalizada. Ahora sus delirios ideológicos, que no interpretaciones, le permiten suprimir partes enteras de una Constitución que prometió cumplir, cuando conocerla, comprenderla y respetarla actúa como presupuesto de la bondad de la promesa hecha para acceder al cargo, si no sería nula al estar viciada o por malicia o por ignorancia inexcusable. Y esto no son puñeterías jurídicas sino el Estado de Derecho y respetarlo es lo que nos diferencia de las tiranías, en potencia o en acto.