El Gobierno solo no podrá con la crisis

En el plazo de una semana, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha llamado varias veces la atención sobre la grave situación económica a la que nos encaminamos a causa de la pandemia de la Covid-19. Primero lo hizo en la comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, el pasado día 23, donde insistió en que el acuerdo al que se llegué –y no alcanzarlo sería un desastre nacional– debe basarse en consensos amplios, para que pueda tener vocación de permanencia y resultar creíble», dijo. Las reformas que deberá acometer España tendrán que contar con el acuerdo de los grandes partidos y las fuerzas dispuestas a mantener la gobernabilidad en el marco de la Constitución. Es decir, es necesario estabilidad política, rigor presupuestario y cumplimiento estricto del gasto ante la perspectiva del mayor endeudamiento público en décadas, tal y como advirtió ayer el banco supervisor en la presentación del informe mensual. Si en apenas una semana, las fuerzas políticas, Gobierno y oposición, ha escenificado un acercamiento muy táctico en la aprobación del decreto de la nueva normalidad, incluso para abordar una reforma de la sanidad pública, parece que atendiendo los consejos del Banco de España de la necesidad de sellar consensos amplios, Hernández de Cos ha pintado ahora una situación realmente alarmante.

Pidió «una reacción rápida y contundente», lo que se interpreta como que no es la hora del partidismo y deben primar políticas efectivas desde ahora mismo, desde una desescalada que empieza a mostrar un escenario desolador. Por ejemplo, considera que se debería favorecer los programas de formación a los trabajadores afectados por los ERTE, incluso permitir compaginar esa paga con el trabajo en otras empresas y sectores, aunque en determinadas condiciones que no especificó. Sí, por contra, dejó entrever que hay mucha incertidumbre sobre el número personas que recuperarán sus empleos una vez terminado el expediente de regulación (2 millones en junio). Por más que el Gobierno se empeñe en minimizar los efectos sanitarios de la pandemia, para el informe monográfico del Banco de España no hay duda de que somos el país con una economía desarrollada en el que el virus tendrá mayor impacto en su sistema productivo y laboral. El Gobierno podrá quitar peso a este impacto negativo, pero los hechos se van a imponer de manera rotunda en el crecimiento del paro, como baremo más real de la situación, y en la caída del PIB arrastrado por sectores estratégicos de los que el país está mostrando una dependencia absoluta, lo que obligará, entre otras cosas, a replantear el carácter estacional del turismo. Las reformas estructurales pendientes antes de la pandemia obligan ahora a actuar con urgencia, empezando por el mercado laboral para acabar con la dualidad entre contratos fijos y temporales. Estos últimos son el 25% de todos lo trabajadores españoles, mientras la media en la Unión Europea es del 13,9%.

No se debería de extrañar el Gobierno de que la candidatura de Nadia Calviño a presidencia de Eurogrupo sea visto reticencia por algunos en Bruselas, cuando a la vez es la ministra de Economía de un Gobierno que, la mitad por lo menos de sus miembros, quiere derogar la actual reforma laboral, un debate estéril e irreal que no se ajusta a las necesidades de nuestra economía. De la crisis se saldrá, pero ahora se trata de en qué condiciones, de ahí que deba haber una política fiscal contundente para salvar empleos y evitar altos costes sociales a medio y largo plazo. La perspectiva es que una vez superada la recesión nos veremos ante la mayor deuda pública en décadas hasta niveles que pueden llegar al 125% del PIB. Se puede reducir la deuda, asegura Hernández de Cos con una senda fiscal coherente con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero para esto hace políticas activas y un Gobierno que salga de su aislamiento.