Un indulto que nace muerto

España es, sin duda, una democracia. La ciudadanía es llamada a las urnas y decide así su futuro. Pero también es cierto que la democracia española tiene algunas debilidades, clamorosas para la ciudadanía, pero no para el poder político que no las piensa corregir para así garantizarse una especie de despotismo ilustrado, o una última carta para controlar el “Poder”. La elección del CGPJ por parte de políticos, la elección del Fiscal General, y ahora, los indultos.

El Gobierno de España desea indultar a los líderes del “procés”. ¿Puede hacerlo? Sin duda. Porque está en la ley. ¿Debería hacerlo? Si lo hacen sólo van a ratificar que la Ley, para ellos, no es igual para todos, y que la justicia no se aplica por igual si eres amigo del poder.

Pero más allá de las muestras de poder absoluto que desea tener este Gobierno, y que nos recuerda la que parece que es su propia seña de identidad, como ya observamos en su día con la ilegal destitución del coronel Pérez de los Cobos, volverán a dar un mensaje claro: este Gobierno, ahora, quiere estar por encima de la justicia. El fin, que es perpetrarse en la Moncloa, justifica los medios aun pisoteando la separación de poderes. Algo, que no sólo resulta poco estético sino bastante cochambroso cuando Sánchez olvida que su decisión podrá ser revisada ante la Sala Tercera de ese Tribunal Supremo al que desea desafiar.

Y es que la Sala Segunda, sala de lo penal, del Alto Tribunal ha informado su radical negativa a la concesión del indulto a los miembros del “procés”, al no advertir causas de justicia, equidad o utilidad pública, como exige la propia ley que regula el indulto. El Supremo en su informe señala todo lo contrario, y como los condenados muestran un claro ánimo de reincidencia, considerándose “presos políticos” aun habiendo intentado subvertir todo el orden Constitucional.

Sin embargo, parece que olvida el Gobierno que su decisión de indultar, aún creyéndose con la gracia absoluta sí que puede ser sometida a un control jurisdiccional por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, como ya se hizo con la sentencia del 20 de febrero de 2013 dictada bajo la ponencia de Carlos Lesmes, hoy presidente del Tribunal Supremo, donde se afirmaba que “el indulto no es indiferente a la Ley... pues en un Estado constitucional como el nuestro, que se proclama de Derecho, no se puede admitir un poder público que en el ejercicio de sus potestades esté dispensado y sustraído a cualesquiera restricciones que pudieran derivar de la interpretación de la Ley por los Tribunales”.

Se augura así poco recorrido a un indulto, que ya nace muerto, ante la manifiesta contradicción de la voluntad de los condenados con la propia ley que regula su concesión, al no mostrar ni perdón ni muestra de arrepentimiento alguno.

Por ello, es precisamente la correcta separación de poderes la que engrandece una democracia. Esperemos una vez más que la justicia y nuestros jueces, estén a la altura de las circunstancias y que defiendan el orden constitucional en el que cree la mayoría de los españoles, y en donde las trampas no valen para los amigos del poder, aún para perpetrarse en el mismo, porque en una democracia de calidad, la ley tiene que ser igual para todos y el Gobierno sea del color que sea, no decide con plena arbitrariedad.

Juan Gonzalo Ospina

Abogado penalista