Sanidad y credibilidad

Hace un par de meses, el mensaje del Ministerio de Sanidad era claro: la vacuna de AstraZeneca es segura y efectiva, los casos de trombosis que se han detectado son mínimos, la autoridad sanitaria europea (EMA) y la OMS coinciden con ese diagnóstico y, por tanto, AstraZeneca es parte fundamental de la estrategia de vacunación. Pasadas unas semanas, y sin que ni la EMA ni la OMS hubieran cambiado su criterio, el Ministerio de Sanidad decidió congelar la administración de la segunda dosis a quienes recibieron la primera de AstraZeneca. Y, después, se nos anunció la nueva recomendación: esa segunda dosis será de Pfizer y si alguien insiste en ponerse la de AstraZeneca deberá firmar un consentimiento informado.

La nueva instrucción entró en vigor el pasado lunes en algunas comunidades autónomas y de inmediato se vio que las colas para ponerse la segunda vacuna de AstraZeneca eran enormes, mientras que muy pocos pedían que su segunda dosis fuera de Pfizer. Sanidad entró en pánico y el jueves reunió a un grupo de periodistas sin cámaras ni micrófonos para filtrar que la culpa de lo que ocurría era de determinados gobiernos autonómicos y que habían muerto cuatro personas debido a trombosis después de vacunarse con AstraZeneca. Al día siguiente, seguía habiendo largas colas para inocularse la segunda dosis de AstraZeneca.

Si alguna enseñanza se puede extraer de este episodio es el escaso crédito que parece tener el Ministerio de Sanidad después de catorce meses de pandemia. Estamos ante un problema muy complejo y resulta más fácil equivocarse que acertar. Pero no todas las administraciones han sufrido el mismo desgaste en su capacidad de convencer a los ciudadanos. Cuando Sanidad recomienda una vacuna y una comunidad autónoma recomienda otra, si la gente opta de forma casi unánime por la otra, eso es un síntoma evidente de quién genera más confianza.

Los cambios de criterio iniciales sobre el uso de las mascarillas –primero dijeron que era perjudicial utilizarlas y, luego, que eran imprescindibles frente al virus–, el maquillaje de las cifras de fallecidos en la primera ola, los anuncios prematuros de que «ya hemos vencido al virus» el pasado verano o los argumentos contradictorios para decretar o levantar los estados de alarma terminan por tener consecuencias en la fe de los ciudadanos. Y, ante una calamidad sanitaria como la que sufrimos, es determinante que la población confíe en quienes toman las decisiones.

Quizá sea un poco tarde para recuperar la credibilidad perdida –o nunca adquirida–, pero es necesario seguir en el intento. La coherencia en la adopción de medidas y la comunicación clara y comprensible de las instrucciones son condiciones imprescindibles cuando se trata de que la población, en pleno, tenga claro lo que hacer y lo haga. Y si se considera que una medida concreta hay que imponerla, el Gobierno tendrá que asumir la responsabilidad y deberá decretarla como de obligado cumplimiento. Si Sanidad estima que es peligroso administrar la segunda dosis de AstraZeneca a determinados colectivo, ordénelo así, sin filtraciones para atemorizar ni esconderse detrás de las autonomías. Es un asunto muy serio.