Separación de poderes

Poder Ejecutivo, poder Legislativo y poder Judicial conforman las bases de la hegemonía política de cualquier Estado moderno. El poder para crear normas, el poder para aplicarlas y el poder para juzgar si su aplicación ha sido conforme a la literalidad de las propias normas. Es evidente que si alguien concentrara en sus manos estos tres poderes debería ser considerado, tal como ya manifestó en su momento James Madison, un tirano con todas las letras: el tirano podría actuar conforme a su solo capricho sin que, además, ningún contrapoder fiscalizara su actuación. De ahí que las revoluciones liberales insistieran en la necesidad de que esos tres poderes del Estado moderno se mantuvieran separados: confiando (en ocasiones de manera demasiado ingenua) en que los unos vigilarían y contrarrestarían a los otros, evitando que una sola persona (o un solo grupo de personas) controle todas las potestades propias de ese Estado. En España, la separación de poderes se halla maltrecha por todas partes. Por un lado, Legislativo y Ejecutivo se hallan estrechamente vinculados a través de la figura de los partidos políticos y de la imposición de listas cerradas: el líder del partido es quien escoge la lista de diputados que lo terminarán nombrando a él presidente del Gobierno (las bicefalias, como la de Almunia y Borrell, no suelen funcionar justo por eso: porque el poder del partido y del gobierno resultan casi indistinguibles). Por otro, una entente entre ese Legislativo y Ejecutivo escoge ahora mismo a los miembros del «gobierno de los jueces» (el Consejo General del Poder Judicial) y, por tanto, controla por la puerta de atrás al poder Judicial. Para regenerar las instituciones democráticas y restablecer la separación de poderes, es necesario cambiar el método de elección del CGPJ: o bien que los propios jueces escojan a sus representantes (dando autonomía organizativa al propio poder del Estado) o, todavía mejor, que se los seleccione por sorteo entre todos aquellos profesionales que cumplan con unos ciertos requisitos objetivos (como méritos y antigüedad). Cualquiera de ambas fórmulas alejaría las manos de los políticos del poder Judicial y, por tanto, promovería una separación interna de poderes en el Estado que tanto contribuye a frenar sus impulsos tiranizadores.