De delito a derecho fundamental

La pasada semana se admitió a trámite una proposición del ley del grupo socialista, y lo que fue noticia es que su defensora fue llamada «bruja» por un diputado, en lugar de serlo su objeto, que pretende prohibir todo tipo de concentraciones en la proximidad de las clínicas abortivas.

Ese proyecto muestra la inversión de valores que padecemos. Ni siquiera el acceso de los diputados al Congreso goza de una protección legal de esas características, lo que significa que en España el derecho a abortar prevalece sobre cualquier otro derecho fundamental.

La patronal abortista se ha quejado ante los partidos de izquierda de que esos grupos «acosan y coaccionan» —con sus rezos— a las clientas y los trabajadores que acceden a su «trabajo». Así la industria farmacéutica y cosmética podrá seguir obteniendo pingües beneficios de la comercialización de los fetos abortados, necesarios para sus investigaciones y productos de belleza. Y para que no queden dudas, la ministra de la ideología de género, Montero, anuncia que hay que suprimir el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario porque «obstaculiza el ejercicio del derecho al aborto». Solo nos falta imitar a la China y obligar a no tener más que dos hijos y a abortar a las niñas para limitar la población. Es la cultura de la muerte en su versión más descarnada y comunista. En once años, el aborto ha pasado de ser una conducta tipificada como delito y despenalizada en tres supuestos, a ser considerado un derecho fundamental.