Los privilegios nacionalistas y las pensiones

Esta semana ha tenido lugar uno de los debates parlamentarios más importantes de los últimos meses: la enmienda a la totalidad a la reforma del sistema de pensiones presentada por el Partido Popular.

Pablo Casado se ha equivocado, primero porque la prueba ha sido superada sin más dificultades por el ministro Escrivá, aunque la abstención de Ciudadanos o de ERC anuncia modificaciones en el futuro y una posición en la misma línea les hubiese dado mayor a los populares autoridad en el debate futuro.

Por otra parte, los esfuerzos de Casado en la convención nacional de acercarse al centro político se desbaratan cada vez que se arrinconan en una esquina del cuadrilátero junto a Vox enfrente de todos los demás.

El debate de fondo es otro. Los vientos ideológicos vienen soplando desde hace décadas en favor de las posiciones más liberales en las que tienen mayor encaje los planes de pensiones privados pero, en Europa, las ideas rawlsianas y la consolidación del Estado de Bienestar suponen un dique de contención.

Con respecto a las pensiones, existen problemas urgentes. Cuando un trabajador se jubila lo hace, generalmente, con bases altas de cotización. Sin embargo, cuando un joven se incorpora al mercado laboral, lo hace con salarios jibarizados cuya cotización a la Seguridad Social no cubre la retribución de un pensionista.

Por si fuera poco, debe asegurarse la pensión de los nacidos en el baby boom de los años sesenta y los setenta del siglo pasado. La caída en los nacimientos, mayor esperanza de vida y un elenco de jubilables en el corto plazo, desató todas las alarmas.

La reforma propuesta por el gobierno cambia la forma de financiación el sistema. La fuente de ingresos no serán solo las cotizaciones de los trabajadores en activo, sino que los Presupuestos Generales del Estado incorporarán una aportación para el mantenimiento del sistema.

Aunque la medida es oportuna y va en el buen camino, existen problemas de fondo que tienen que ver con la necesidad de una estructura económica con mayores productividades y una fiscalidad inadecuada.

La digitalización y la innovación deben lograr que la tarta a repartir sea de mayor tamaño, pero el reparto de la misma debe responder a un modelo de justicia. Mejorar productividades sin mejorar los salarios seria un error grave.

Por otra parte, el modelo fiscal en España es injusto, primero, porque los ingresos lo soportan mayoritariamente las rentas del trabajo, pero también porque sigue manteniendo privilegios difícilmente justifícales.

Si medimos el déficit producido por las pensiones por Comunidades Autónomas, las proporciones son sustantivamente más elevadas en el norte de España. Sistemas como el cupo vasco son elementos de insolidaridad porque se apropian de los recursos económicos que deben servir para proteger a otros que lo necesitan más.

Si los impuestos van a sostener las pensiones de todos, no puede haber privilegios que den bula para no arrimar el hombro. El problema de los nacionalismos siempre termina siendo la insolidaridad. El problema es que, ahora la gobernabilidad depende de ellos.