Contrarreforma laboral: política pura

La famosa y muy celebrada derogación de la reforma laboral de 2012 ha quedado en unos cuantos retoques. Es un destino característico de los usos de la política nacional. Representa muy bien la trayectoria de su promotora, la ministra y vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha edificado un brillante estrellato político sobre una promesa que sabía irrealizable, y sobre su incumplimiento. La clave está en haber sustituido el cambio por el consenso, como si el consenso se hubiera convertido en algún momento del camino de la (contra)reforma en la clave de todo el asunto. La política ha devorado al contenido y lo que cuenta, al final, es la estabilidad que proporciona el pacto suscrito por los «agentes sociales» y patrocinado por un gobierno que corrobora ese «talante» de diálogo del que tan necesitado anda.

Evidentemente, son muchos los que han suspirado con alivio al comprobar que la contrarreforma no llegaba adonde se dijo que iba a llegar. En vista de las amenazas y de los eslóganes, no dejan de tener razón, aunque también se podría decir que el proceso ha puesto en evidencia la debilidad de un gobierno enfrentado a una tarea que sabía imposible de cumplir, por razones técnicas y políticas (en particular la presión de las instituciones de la UE). Tal vez habría podido aprovechar mejor esta debilidad… Sea lo que sea, triunfa otra vez la querencia de consenso, realizada entre agentes sociales no del todo representativos (ni los sindicatos de clase ni la CEOE lo son), y que garantiza una forma de «paz social» a costa del empleo de los españoles. Desde los pactos de la Moncloa, esta forma de actuar ha situado al mercado laboral español, ultraintervenido, archirregulado y rígido como pocos, en tasas de paro muy superiores a las de nuestros vecinos. En las triunfalistas declaraciones sobre la contrarreforma no se habla del paro. El pacto, en otras palabras, permite salvar un marco laboral que hace mucho tiempo que dejó de tener utilidad y diferir los problemas para cuando algún valiente se atreva a afrontar la realidad.

Tampoco es del todo cierto que la contrarreforma respete todo lo ganado en la reforma de 2012, reforma insuficiente pero beneficiosa. La clave está en la vuelta de la prioridad de los convenios de sector sobre los empresariales en cuanto a los salarios. En lo que se refiere a la política, a la que todo queda subordinado, los sindicatos de clase recuperan un poder que habían perdido en favor de una mayor autonomía social: no es una buena noticia, y uno de los avances más interesantes de la reforma de 2012 era esa nueva capacidad de acción de los (auténticos) agentes sociales, empresarios, autónomos y empleados, sin organizaciones artificiales de por medio. Además, este retroceso traerá aparejado mayores dificultades de adaptación de las empresas, que tendrán que afrontar subidas salariales ajenas a su situación real: padecerán las pequeñas y medianas empresas, y los empleados, y sobre todo los jóvenes que afrontarán mayor inseguridad laboral, porque los ajustes volverán a hacerse mediante el despido, y pagarán precios más caros porque se repercutirán en los precios las subidas de salarios decididas en los despachos de los «agentes sociales». Casi todos contentos, eso sí. ¿No le suena todo esto a tardofranquismo?