Europa y los iliberales

Lord Kerr redactó el artículo 50 del Tratado de Lisboa, un botón rojo a disposición de los Estados miembros para activar su salida si así lo deseaban. En estas páginas –durante una entrevista firmada por Celia Maza en 2018– el diplomático confesó que jamás pensó que Reino Unido pudiera utilizarlo. Dos años después del referéndum de salida de la UE, seguía sin entender qué había ocurrido para que los británicos dejaran de ser esos hombres «pragmáticos, aburridos y predecibles» para subirse a la montaña rusa del Brexit sin cinturón de seguridad. Lord Kerr aseguró que el artículo 50 se escribió pensando en los nuevos socios. «Nuestra preocupación era más por las nuevas democracias del Este que se estaban planteando entrar en el bloque. Temíamos que una nueva democracia frágil pudiera derrumbarse y, una vez dentro de la UE, pudiera crear una confrontación. Consideramos que debía haber una cláusula sencilla para que pudiera existir una salida ordenada» del club comunitario. El aristócrata John Kerr no supo prever el Brexit, pero sí avistó las distorsiones que podrían producirse entre los Estados miembros con tradiciones fragmentarias. Hungría y Polonia han entrado en una lógica de confrontación contra la Unión Europea muy peligrosa. Los funcionarios europeos denuncian un intento deliberado del Gobierno de Viktor Orban por apoderarse del aparato estatal y de la financiación para construir lo que el propio primer ministro húngaro ha proclamado como un «Estado iliberal». El caso de Polonia presenta otros matices, pero también se ha instalado en una dinámica de colisión contra las instituciones europeas por el régimen disciplinario de los jueces y la descarbonización de la economía.

Sobre la mesa no está el artículo 50 (todavía) ni el 7 (bloqueado porque requiere la unanimidad de los socios para sancionar a los países díscolos) sino un nuevo mecanismo que funciona como freno democrático. Este reglamento vigente desde enero de 2021 permite suspender los fondos europeos a los países que debiliten el Estado de derecho y, por lo tanto, no puedan garantizar un uso adecuado de la inversión comunitaria. El Tribunal de Justicia de la UE ha avalado esta semana el mecanismo y se podría poner en práctica de forma inmediata. Polonia es el mayor receptor de fondos de la UE con 104.000 millones de euros y Hungría, un país de una escala menor, ha ingresado 40.000 millones. Bruselas golpea donde más duele: el dinero. No se puede financiar a los socios que promueven activamente las infracciones al Estado de derecho y destruyen la democracia porque de lo contario parece que está promocionando esas políticas suicidas. La sentencia es un torpedo contra Orban que se presenta el 3 de abril a la reelección. La batalla contra Bruselas podría costarle muy cara. La población húngara es mayoritariamente proeuropea y las perspectivas económicas dependen en gran medida de la financiación europea.

La justicia europea manda, a su vez, un mensaje contundente a los partidos nacional soberanistas que han aflorado en Europa desde la Gran Depresión. España no es una excepción. No habrá dinero para quienes jueguen con el Estado de derecho. Ya lo ha dicho Aznar: no necesitamos a una Le Pen (ni a un Orban, ni un Morawiecki...).