Sobreponerse al ayer

Cada país es legítimo heredero de su historia. Y, en cierto sentido, también deudor de lo que fue. El pasado puede encadenarnos con afrentas antiguas, pugnas no resueltas o enfrentamientos sostenidos en el tiempo que atraviesan años, décadas e incluso siglos para instalarse en un presente, ya renovado, que poco, o nada, tiene que ver con aquellas épocas pretéritas de las que deriva. España, claro, no iba a ser una excepción. Como digna legataria de sus largas e intensas memorias, padece una inquietante esquizofrenia entre la realidad, lo cierto, lo tangible y las nebulosas, inconcretas y difuminadas, vinculadas a rancias reverberaciones. Y un sector de la sociedad, encabezado por determinados representantes públicos, se apunta a esgrimir esas confusas conexiones temporales.

Si hace unas semanas, como si no hubiesen pasado casi 40 años desde el debate sobre el ingreso en la OTAN, los aquejados del mal de la fiebre nostálgica desempolvaban desusados pacifismos y obviaban el legítimo derecho de Ucrania a defender su libertad e integridad, ahora, esos mismos, dirigen sus dardos a la monarquía parlamentaria aprovechando, paradójicamente, el ejercicio de transparencia del Rey al hacer público su patrimonio. Unos ataques, más viscerales que racionales, entroncados, recurrentemente, con una especie de idealización de la Segunda República como paradigma del único bien común. Y, en efecto, sí. Se consagraron entonces valores políticos, sociales y cívicos adelantados a su tiempo, pero, todos ellos, han quedado superados por los principios del constitucionalismo contemporáneo que habitamos, el de la igualdad, el consenso y la concordia que se abrió en el 78 y que, afianzado, asumido e integrado por los españoles resiste frente a las innumerables crisis que aguardaban, agazapadas, en el intenso arranque con que nos ha recibido el siglo XXI.

Al examinar las fórmulas con las que los estados se organizan, la dicotomía entre monarquía y república se descubre como un debate irreal, casi pura ficción: de los veinte países más desarrollados, doce tienen a un monarca como jefe de estado, mientras los veinte más pobres se constituyen como repúblicas. Aferrarse a la añoranza de lo que no fue esquivando la certeza de lo que es termina por convertirse en una forma (poco práctica) de ignorar esa sabia máxima de Trapiello que propugna que «en política la línea más corta entre dos puntos no siempre es la recta». La jefatura del Estado en España es hoy una plena monarquía parlamentaria que exhibe, además, todas aquellas convicciones republicanas. Quizá sea hora ya de que algunos disipen melancolías de ecos magnificados y consigan sobreponerse al ayer.