Sánchez en manos de sus indultos

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Es una noticia que trasciende el ámbito jurídico para entrar de lleno en el político y al máximo nivel, la reconsideración por parte de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de su negativa a estudiar los recursos presentados en su día por parte de los partidos de la oposición PP y Vox, además de por diversos diputados de dichas formaciones a título personal, contra los indultos concedidos por Reales Decretos del Consejo de Ministros a nueve dirigentes del Procés.

Si con el caso Pegasus hemos conocido el último capítulo de una serie ya larga de entregas de la cabeza de un servidor del Estado, cual la del Bautista por Sánchez-Herodes a sus aliados-Herodías, superan lo imaginable las consecuencias que pueden derivarse de esta decisión, según cual sea el fallo de este procedimiento judicial. Sin entrar en el fondo del asunto, en la práctica esta reconsideración significa admitir a trámite los recursos que hace cuatro meses fueron inadmitidos por tres votos a dos, al alegar el Tribunal falta de legitimación de los recurrentes. El nuevo criterio –aceptando el recurso de reforma planteado ante tal decisión– viene motivado por un cambio de dos miembros del Tribunal, por jubilación del Presidente y por retorno a su destino original de una magistrada. Ahora será el fallo el que dirimirá esa controvertida cuestión entrando en el fondo del recurso, del cual será ponente la magistrada reintegrada a su anterior destino. Por este motivo, el resultado de tres votos a favor y dos en contra, ha cambiado ahora a tres a dos favorables a la admisión a trámite. Sin exagerar un ápice, la importancia del fallo es tal que se puede afirmar que el Gobierno y la legislatura dependen de esta sentencia. Conviene recordar que en su día el TS, junto con la Fiscalía, en el trámite de consulta –preceptiva pero no vinculante– rechazaron por unanimidad la concesión de los indultos por razones legales muy precisas, entre ellas las de ausencia de arrepentimiento por parte de los condenados.

Es fácil imaginar la presión sobre los cinco magistrados del Tribunal y en particular sobre tres de ellos, vistos los precedentes con servidores de otras instituciones del Estado –Guardia Civil, Abogacía del Estado, CNI…– cuyas actuaciones en el cumplimiento de su deber perjudicaban al Gobierno por no gustar a sus aliados parlamentarios, y las consecuencias sobrevenidas sobre ellos. La diferencia ahora es que en este caso estamos ante un poder del Estado, e independiente del Gobierno. Y ante su máximo órgano jurisdiccional. La división de poderes y la democracia en juego.