Amnesia y autoritarismo

Es una mala noticia la aprobación definitiva hace escasos días de la nueva Ley de Memoria Democrática de Sánchez, continuación de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero y una confirmación de que las segundas partes nunca suelen ser buenas. Primero, porque su objetivo es perfeccionar innecesarias maquinarias de maniqueísmo, y segundo, porque va a debilitar los cimientos mismos de la convivencia entre españoles, cuya viga maestra es el exitoso proceso de la Transición y su más importante consecuencia, la Constitución de 1978. De hecho, la nueva Ley, más que con la restitución de las víctimas, para la que ya existían los mecanismos legales de un Estado de derecho garantista y protector, tiene que ver con su explotación política para reforzar adhesiones, en el marco de una estrategia de polarización retro histórica, a través de burdas y falsarias identificaciones de los bandos de la Guerra Civil con las actuales opciones de Gobierno. Una Ley frentista, que, en lugar de cerrar, reabre heridas y trincheras, todo porque la situación electoral de la izquierda que avanzan las encuestas aconseja sustituir la ética programática por la inmoralidad propagandística para movilizar a un electorado cautivo de la izquierda al que en realidad se menosprecia e insulta en su propia inteligencia, como si los problemas actuales del país se pudieran tapar con brochazos de la peor nostalgia, que es la de la memoria del odio. Y para que no faltase nada en la ecuación de una mala Ley, añádase a Bildu, que no respeta la libertad ni la democracia, ni aún ha condenado los crímenes de ETA, y que ha sumado su nauseabunda participación legislativa y aritmética a la mansedumbre habitual del sanchismo con los enemigos del Estado, todo ello con el resultado de una atroz reescritura de la historia de nuestra democracia, que recibe una enmienda a la totalidad, al considerar los Gobiernos de Suárez, Calvo Sotelo y González como una extensión más del periodo franquista.

Se entiende perfectamente que el pasado 4 de octubre se hiciese público un manifiesto en el que más de 200 personas, exministros de todos los partidos de todos los gobiernos democráticos, pidiesen la retirada de esta ley que dinamita el pacto constitucional del 78, el espíritu de concordia, de perdón y reconciliación, y todo lo que nos ha permitido disfrutar del período más largo de democracia y bienestar de la historia de España. Todo en riesgo por culpa de una ley que traza líneas divisorias entre españoles, que recupera las dos Españas y los bandos –ellos y nosotros, buenos y malos, demócratas y fascistas– y que crea nuevamente una verdad única de carácter colectivo y oficial, que es justo lo mismo que hizo Franco, porque es bastante evidente que cualquier ley que imponga una visión de la historia, da igual la visión que sea, será totalitaria, supondrá un ataque a la libertad de los ciudadanos para construir su propia memoria, irá en contra de la libertad de pensamiento y socavará el pluralismo político.

Esta ley lo hace todo de una tacada y de la peor forma posible, ignorando que a los españoles de hoy lo que nos hace mejores, lo que nos permite vivir mejor y lo que nos da más fortaleza es el régimen de pluralismo, convivencia y libertad en el que vivimos desde el año 1978.

Asistimos pues a otro grave daño del mandato sanchista, que con un legado económico que será ruinoso, empieza a mostrar que su herencia moral e institucional puede llegar a ser aún más demoledora. Se impone que desde las propias filas socialistas comiencen a poner freno a tamaña irresponsabilidad.