El largo invierno de la Justicia

Cuando nuestro país está viviendo un largo e inacabable verano, en nuestra Justicia estamos sumidos en un profundo letargo invernal donde incluso recientemente se han alcanzado temperaturas bajo cero.

Este preocupante fenómeno nos envuelve desde hace ya muchísimos años y ahora ha alcanzado su cenit, tanto con la reciente dimisión del Presidente del CGPJ como especialmente por la manifiesta incapacidad de los principales actores políticos para alcanzar un acuerdo de Estado, que permita renovar de una vez el órgano de gobierno del Poder Judicial.

Tiempo habrá para que la historia coloque a cada uno en su sitio y explique a las futuras generaciones el porqué de esta penosa agonía que se alarga ya desde hace mucho tiempo.

Partiendo de la base que a los juristas no nos corresponde entrar en las siempre pantanosas aguas de nuestra política, sí que en cambio creo que no podemos permanecer impasibles ante el peligroso escenario que se nos abre, una vez que nuestros políticos, desoyendo una vez más las recomendaciones de la Comisión Europea, no han podido o quizás, mejor dicho, no han querido alcanzar un acuerdo tan necesario y por todos esperado.

Ahora más que nunca es preciso dar ejemplo y conseguir que al unísono, desde las asociaciones de Jueces, de Letrados de la Administración de Justicia y de los distintos Colegios Profesionales del ámbito jurídico se inste no sólo a nuestros políticos a reanudar de inmediato las negociaciones sino también al Ministerio de Justicia a tomar cuantas medidas sean necesarias para suplir la actual imposibilidad que tiene el órgano de gobierno de los Jueces para cubrir determinadas vacantes y hacer determinados nombramientos, situación que afecta de manera especialmente grave al Tribunal Supremo.

Esta especie de «desastre institucional», tal y como ha sido calificado por la propia Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, requiere del compromiso y responsabilidad de todos los operadores jurídicos sin excepción, para que mediante la estrecha colaboración con el Ministerio, se puedan elaborar los planes «a», «b» o los que sean necesarios para revertir esta preocupante situación, que nos acerca de manera peligrosa a países como Hungría y Polonia, en el punto de mira cuando no ya sancionados por Bruselas.

Se cumplen ya veinticinco años de la publicación del Libro Blanco de la Justicia, la mejor radiografía escrita acerca del estado de nuestra Administración de Justicia y con respecto a algunas de las importantes cuestiones allí analizadas, como la relativa a la estructura organizativa de nuestras oficinas judiciales, a uno le entran dudas de si realmente el libro se publicó en el año 1997 o acaba de salir de la imprenta.

Los expertos del Banco de España llevan años advirtiendo de la estrechísima relación que existe entre el funcionamiento de la Justicia y el crecimiento económico de un determinado territorio; cuanto mejor y más ágil sea el funcionamiento de la Justicia, mayor inversión y crecimiento económico.

La Administración de Justicia sigue siendo la «cenicienta» de nuestras administraciones públicas, algunas de ellas, referencia en Europa, como por ejemplo la Agencia Tributaria.

La de Justicia es como una especie de «enfermo crónico» al que hace muchos años abandonaron en una fría sala de espera; de vez en cuando se le da un poco de oxígeno en forma de alguna que otra pequeña reforma, pero a este enfermo sólo le faltaba el COVID.

La pandemia, dicho en palabras de un integrante entonces del Ministerio de Justicia, supuso una verdadera bofetada de realidad acerca de su penoso estado; en una gráfica sobre trabajo y teletrabajo durante la pandemia elaborada por los sindicatos, se reflejaba que de 16 Ministerios, el Ministerio de Justicia ocupaba el farolillo rojo.

A pesar de todas estas carencias, en nuestro país, a veces con una exasperante lentitud, se sigue impartiendo justicia diariamente y ello es gracias al esfuerzo y voluntarismo, poco reconocido, de la inmensa mayoría de Jueces y resto de funcionarios judiciales.

A tal fin honestamente entiendo que resulta imprescindible la incondicional colaboración de abogados, procuradores y graduados sociales.

En un momento en el que nuestros representantes políticos han demostrado (una vez más) su torpeza para alcanzar un acuerdo en una materia tan sensible como es el Poder Judicial, que no olvidemos, constituye uno de los tres pilares sobre los que descansa una democracia moderna como la nuestra, ha llegado la hora de que todos los juristas nos pongamos de acuerdo, tanto para salir de este «letargo» como de forma mucho más inmediata, conseguir abrir los ojos a nuestra clase política para que retome inmediatamente el diálogo que permita por fin alcanzar un acuerdo, acabando así con una interinidad que se alarga desde hace ya más de cuatro años.

Creo que la opinión pública no entendería una actitud de tolerancia y silencio ante el vacío institucional que padecemos.

La Justicia es un servicio público esencial, en el cual llevamos ya más de 20 años esperando un Pacto de Estado que permita su reforma integral, adaptándola a una sociedad vanguardista y exigente del siglo XXI.

No podemos esperar más.

Ignacio López Chocarro es Decano emérito del Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona.