Las chapuzas jurídicas del Gobierno

Es lamentable escuchar a una magistrada, en su condición de alto cargo de Unidas Podemos, achacar la rebaja de penas a un violador en aplicación de la ley del «solo sí es sí» a una lectura reaccionaria de la norma o una «interpretación voluntarista judicial contra el avance del feminismo». Nunca me ha parecido bien que los magistrados y fiscales puedan regresar inmediatamente a la carrera tras su paso por la política. Tras escuchar a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género me reafirmó en ello. Hay que garantizar la independencia de la Justicia, tanto en el fondo como en la forma. Las declaraciones de Rosell, para esconder la impericia jurídica de su ministerio, producen bochorno. Es una lamentable sobreactuación que llega a un absurdo cuando ve peligrosos machistas en cualquier esquina. Rosell logró superar la oposición para acceder a la judicatura. Esto demuestra que tenía capacidad de concentración y memoria, pero no parece que sea capaz de participar con éxito en la elaboración de un proyecto de ley.

Es algo extensible a los que elaboraron una norma que ha servido para que se produzcan tres revisiones de penas a condenados por delitos sexuales, así como otras que vendrán en el futuro. Estamos ante delincuentes que han perpetrado atentados repugnantes contra mujeres, y se beneficiarán de una norma que tenía el objetivo contrario. El culpar a los magistrados es muy grave. En cualquier país provocaría un escándalo enorme, así como una censura por parte del órgano de gobierno del Poder Judicial. La constatación del error es que el Ministerio de Justicia está analizando la norma para evitar la revisión a la baja. Un condenado a cinco años por abusar sexualmente de tres menores ha visto como se reducía a un año y tres meses la pena, aunque no tendrá que entrar en prisión si no tiene antecedentes penales. Nadie presentará su dimisión, porque este gobierno nunca asume ninguna responsabilidad. Se puede decir una cosa y la contraria o aprobar una ley chapucera. Otra cosa distinta es que hubiera sido culpa del PP, porque entonces saldrían todas las Victoria Rosell a exigir responsabilidades. Es preocupante que políticos sectarios, amantes del uso alternativo del Derecho, muestren tanta impericia. Es la confirmación de que superaron una oposición, pero no son juristas sino leguleyos.