Cuestión de ADN

¿Alguien me puede decir qué hay de nuevo en el último choque entre el Estado de Derecho y nuestro socialismo? Lo pregunto desde el hastío de quien lleva décadas denunciando tropelías y me quedo con la mayor: la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, norma que enterraba el pacto constitucional. Su fin era zafarse de una Justicia que entorpecía, dinamitó al Tribunal Supremo –recuérdese aquella perla de Alfonso Guerra, «con este Tribunal Supremo no podemos gobernar»– y de ahí vino el cambio en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Ahora hablamos del Tribunal Constitucional. Tampoco nada nuevo. Recuérdese que su presidente fue convocado a La Moncloa ante la inminente sentencia sobre la constitucionalidad de la expropiación de RUMASA, esa que nos costó en 1983 un billoncito de pesetas. Aquel presidente vino desde el exilio para presidir el Tribunal Constitucional, con su voto de calidad salvó la expropiación, y visto el panorama, dimitió; abatido, volvió por donde vino.

Así se las gastan. Y si es la ley el obstáculo la solución es fácil: se cambia. Es la perversión del Estado de Derecho, ya no rige el artículo 9.1 de nuestra Constitución –«los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico»–, sino lo contrario: los ciudadanos, la Constitución y el ordenamiento jurídico están sometidos al poder. ¿Y si el problema es la Constitución?, no importa, se coloniza el Tribunal Constitucional para que la reescriba en clave gubernamental. En esto estamos.

Controlarlo es clave para la estrategia de derogación encubierta de la Constitución. Así se evitan los sustos que se llevan otros. ¡Qué pardillo el chileno Gabriel Boric al someter a referéndum su proyecto de constitución radical!, porque pasa lo que pasa: que el pueblo asustado no lo aprueba. Evitar eso es de Primero de Revolucionario y los que tienen el doctorado ocupan el Tribunal Constitucional y a golpe de reinterpretaciones vacían de contenido a la Constitución para que proclame que los postulados radicales son los constitucionales. Es la táctica del cónyuge asesino: nada de propinar un lingotazo de veneno, mejor cucharadita a cucharadita.

Nuestro socialismo es buen maestro y hace discípulos. La politización del gobierno judicial ¿acaso no le conviene al Partido Popular? y juzgo hechos, no intenciones. Ahí está el clamoroso incumplimiento de sus promesas electorales o aquel vergonzante WhatsApp de su desdichado portavoz en el Senado que mostraba su verdadero sentir hacia la Justicia, equiparable al chorreo que dirigió el ex presidente González a un juez: «¿pero es que nadie les dice a los jueces lo que tienen que hacer?». Esto ya toma cuerpo de maldición en la que se reparten el gobierno judicial o el Tribunal Constitucional u otras altas instancias y si no llegan a un pacto, se los tiran a la cabeza en su lucha política y en el suelo quedan esas instancias, como juguetes rotos. Ambos comparten podio en el campeonato por la perversión constitucional.

Durante años buena parte de los jueces hemos clamado en soledad, sufriendo la indiferencia de una sociedad que no ha interiorizado lo que es el Estado de Derecho y sobre la que pesan generaciones hechas a eso de que quien manda tiene razón, a reverenciar lo que venga «por orden de la superioridad»; y sufriendo el silencio de otros gremios jurídicos o de otros «cuerpos de élite», aconejados en sus madrigueras mientras diluviaba en el patio judicial.

Esto es una desgracia, pero no de los jueces sino la suya. Lo comprobará cuando vea que nuestro socialismo criminaliza las convicciones del adversario político o ideológico y despenaliza las tropelías propias o de los próximos. Ya verá qué pasa cuando todo es gubernamental, la policía, la fiscalía, el Tribunal Constitucional o de Cuentas u otros órganos reguladores, a lo que se añade el control de los principales medios que generan opinión.

Dejo fuera a los tribunales. De momento. Basta inutilizarlos cambiando las leyes, inutilizando sus sentencias o controlando a quien puede anularlas y con el aliño de insultos que los desprestigien. Tiempo habrá para controlarlos, tiempos vendrán en los que se respirarán los aires de la posguerra, cuando para ser juez se valoraba la lealtad al régimen, mañana será a la ideología dominante o al neocacique autonómico.

Vuelvo a la pregunta del inicio. La hago desde la alarma, pero también desde el hastío de llevar años sosteniendo que nuestra perversión del Estado de Derecho no es coyuntural ni un subidón radical: responde a un ADN ideológico que va en la masa de la sangre, alérgico a que ese Estado de Derecho implique separación de poderes e imperio de la ley. Una tara genética que ha situado a nuestro socialismo en el epicentro de tantos desastres nacionales y ser deseado por los que poco o nada nos quieren.

José Luis Requero es magistrado.