Los leguleyos de la izquierda

Los juristas de Wikipedia, que abundan en el erial intelectual de la izquierda política y mediática española, aplauden con enorme fervor el asalto contra las instituciones y han abrazado esa pintoresca idea de la soberanía popular. Es el argumento que utilizaban los independentistas en su golpe secesionista y era la legitimidad para atropellar los derechos de los diputados de la oposición. En aquella época, Sánchez defendía justo lo contrario, pero se ha caído del caballo como San Pablo y ahora arremete contra el PP mientras asume las exigencias de Junqueras y sus acólitos. Al igual que el emir de Qatar, que ha podido comprar, con absoluto descaro, a las democracias occidentales con gas y petróleo, las mercedes monclovitas han conducido a que los pocos juristas de izquierdas, como Conde-Pumpido o Xiol, entre otros, olviden que son juristas y no leguleyos. Se han transformado en adalides de esa soberanía popular que permite acabar con la división de poderes. Nadie le lleva la contraria a Sánchez y me temo que le jalean en esta esperpéntica situación. Un jurista le hubiera dicho que no se puede hacer una reforma del Código Penal incumpliendo la Constitución.

Hay unos requisitos formales que se tienen que cumplir. Una mayoría coyuntural no otorga al Gobierno un poder absoluto que le permita ignorar los requisitos para aprobar una ley. No se pueden vulnerar los derechos de los diputados y senadores. Se ha utilizado esta fórmula para evitar el desgaste electoral de una tramitación con garantías en la absurda esperanza de que todo se olvide tras las fiestas navideñas. No le interesa que se hable de sedición, malversación y otras cesiones que han anunciado los dirigentes de ERC. Hay que preguntarse qué quedará de España si los independentistas consiguen el control del Poder Judicial en Cataluña, se forma un TC complaciente y se aprueban leyes de desconexión que consagrarían un modelo de Estado cuasi confederal. La despenalización de sus delitos les animará a repetir el golpe cuando les convenga. Esta arquitectura persigue que la Administración del Estado sea residual en Cataluña y negociar en pie de igualdad hasta que llegue el momento de imponer un referéndum independentista. A lo mejor se conforman con la confederación para que las empresas y las instituciones catalanas sigan ordeñando la «vaca» española.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).