Un acuerdo que refuerza la independencia judicial

Creo que todos podemos coincidir en que la legislatura está llena de nubarrones e incertidumbres. Una muy buena noticia es el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), nombrar al magistrado del Tribunal Constitucional que corresponde al Senado y plantear una serie de reformas que mejorarán la independencia del Poder Judicial. Ni era bueno mantener la situación actual ni eran creíbles las amenazas de Sánchez de actuar de forma unilateral. Esto último era propaganda, porque sabe perfectamente que la Unión Europea hubiera actuado con gran contundencia en su contra. Con el informe sobre la situación del Estado de Derecho en España pendiente de publicar, solo hubiera faltado un nuevo ataque como aplicar las pintorescas ideas que pretendían algunos pseudojuristas sanchistas. Los negociadores de ambos partidos, Félix Bolaños y Esteban González Pons, han hecho un magnífico trabajo, porque ha ganado la Justicia que es lo único que nos tiene que importar. La constatación de esta realidad son las críticas de los extremistas y el disgusto de los que pretendían replicar la inquietante situación en que se encuentra el Tribunal Constitucional en el CGPJ. Unos creen que cuanto peor sea la situación será mejor para sus intereses mientras que los otros están cegados por su sectarismo como defensores del uso alternativo del Derecho.

Este acuerdo tiene la virtud de que pone punto final a cualquier atisbo de control partidista. Es bueno en este momento, pero también si se agotará la legislatura en los próximos meses. El obsceno reparto del CGPJ era un despropósito que ofrecía una injusta imagen de control del Poder Judicial que no se corresponde a la realidad de una judicatura que se caracteriza por su independencia. Una muestra de ello son los problemas y las sentencias desfavorables que han tenido el PP, el PSOE, empresarios, sindicatos e incluso miembros de la Familia Real. Las diferentes instancias permiten, también, que cualquier error pueda ser corregido en casación. Otra cuestión distinta es la mutación constitucional que está imponiendo Cándido Conde-Pumpido en el Tribunal Constitucional, que es tan inquietante como alejada del papel que le otorga la Constitución. Es una consecuencia, también, del carácter político que ha adquirido últimamente esta institución, ya que se colocan juristas con méritos insuficientes y carentes de la formación que habían tenido sus antecesores en épocas anteriores. No hay más que comparar la formación, la trayectoria y las publicaciones de Balaguer, Díez, Montalbán y Segoviano con los integrantes del primer Tribunal Constitucional. Lo mismo se puede decir entre Conde-Pumpido y Manuel García Pelayo. Es un dato objetivo que pueden comprobar cualquiera de mis amables lectores.

No soy optimista sobre los despropósitos que seguirá haciendo el presidente del Constitucional. Ha decidido olvidar que es un jurista y magistrado del Supremo, para asumir un irresponsable papel político que nunca hubiera imaginado que sería capaz de adoptar. Otra anomalía democrática era que el Gobierno de turno impusiera al presidente del CGPJ, que también lo es del Tribunal Supremo. A partir de ahora será elegido por los vocales, ya que se necesita una mayoría reforzada. Es fundamental que se garantice la separación de poderes para seguir la máxima de que su control por uno de ellos conduce a la tiranía. Es cierto que falta por resolver la confusión que tiene Sánchez entre el Gobierno y la Administración que es bueno recordar que no son lo mismo. La segunda no puede estar colonizada, sino que se debería seguir el criterio de mérito y capacidad, así como entender que está al servicio de la sociedad y no de los intereses partidistas del Gobierno de turno. Otro aspecto que debería asumir el líder del PSOE es que la situación del Congreso es escandalosa, porque es una mera correa de transmisión de los deseos del Gobierno y sus aliados. Una vez más conculca el espíritu de la Constitución, porque se hurta sistemáticamente el debate con las chapuzas legislativas, el abuso de los decretos leyes y las proposiciones de ley. La propia actividad de control gubernamental se ha convertido en un esperpento. Es cierto que siempre resulta incómoda, pero es uno de los fundamentos de la democracia. Le disgusta que el Senado esté en manos del PP, pero hay que cumplir las reglas de juego. ¿Le gustaría si estuviera en la oposición que el PP actuara como hace él?

Sánchez necesita ganar tiempo para que se olvide el desastre de la amnistía. Necesita estos tres años que restan de legislatura para que deje de estar presente que compró la presidencia del Gobierno con una ley sustentada en un fin ilegítimo que en cualquier acto, contrato o disposición los haría nulos de pleno derecho. El vicio es tan grave que solo puede ser defendida por juristas ideologizados como Conde-Pumpido y sus colaboradoras, así como pseudojuristas sectarios como Pérez-Royo y Urías. Otros avances que deberían ser perfeccionados y que recoge el acuerdo afectan a la Fiscalía y la magistratura. No solo tienen que ser independientes en el fondo sino también en la forma. En ambos casos sería positivo emprender un proceso de reforma en esa dirección. El Estatuto Orgánico de la Fiscalía tiene que garantizar su total independencia del Gobierno, porque cabe recordar que la Constitución la incluye dentro del título que trata del Poder Judicial. Una cosa es aplicar la política del Gobierno en materia criminal y otros aspectos y otra cosa muy distinta es esa soez idea de que depende de su presidente. Es una afirmación que no responde al espíritu constitucional. Su misión es promover e impulsar la acción de la Justicia, asegurar la legalidad e imparcialidad del funcionamiento de la Justicia y la protección de los derechos de los españoles. Por tanto, es buena la regeneración democrática siempre que no esté inspirada en el populismo radical de la izquierda iberoamericana.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)