Una amnistía que no puede ver la luz

Los letrados del Senado han emitido el último informe contrario a la Ley de Amnistía hasta la fecha. En esencia su criterio ha abundado en el consenso de los expertos y de los organismos nacionales e internacionales que se han pronunciado sobre el contubernio de Pedro Sánchez y el prófugo de la Justicia, al que un día el primero prometió traer a España para que rindiera cuentas. Conviene recordar de vez en cuando los antecedentes de este chanchullo político para que el perfil moral de los protagonistas nunca se relativice ni palidezca. Decíamos que los letrados de la Cámara Alta han remarcado la abierta e incontestable condición inconstitucional de la proposición y han llegado a definirla como una «reforma encubierta» de la Carta Magna que vulnera el principio de separación de poderes, de igualdad, de libertad ideológica, de seguridad jurídica o legalidad penal. La resolución es tan concluyente como firme y a cualquier responsable político mínimamente serio le obligaría a reconsiderar su posición. Más aún cuando no puede catalogarse de un acontecimiento aislado, un fenómeno espontáneo e inaudito, sino todo lo contrario. Con anterioridad, se habían sucedido las opiniones del CGPJ, numerosas asociaciones judiciales, exmagistrados del TC y los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso y otros de la Cámara que decidieron apartarse o marcharse contrarias a la Ley de Amnistía por ser en esencia la derogación de los pilares que sostienen el estado de derecho. La verdad es que no existe una voz fuera de la férula sanchista que haya refrendado de manera abierta, pública y sin matices el espantajo jurídico que articula el borrado de todas las conductas penales relacionadas con el procés a cambio de siete votos. Solo se han manchado con el más indigno caso de corrupción política que se recuerda en la historia de la democracia los beneficiarios, los perpetradores y su red clientelar. Porque no es posible tomar en serio el bulo de la Comisión de Venecia que agita aún el Ejecutivo y que fuera desmentido por el propio coordinador del informe crítico con la amnistía. Hay, por tanto, un acto espurio y extramuros de la legalidad para blindar la impunidad de Sánchez y Puigdemont en el marco de una acción ejecutiva de tierra quemada contra los derechos y las libertades de los españoles. Como era de esperar, el informe de los letrados del Senado ha sido desdeñado, casi ridiculizado, por los portavoces del presidente, como lo fue el resto de los análisis tanto domésticos como foráneos en un gesto típico de esta administración despótica. Nadie más que el Constitucional de Pumpido y Sánchez decidirá sobre la amnistía ha sido la posición oficial desde el principio. Se menosprecia a la Justicia española y europea. Pero no será tan sencillo en tribunales despolitizados y soberanos que no pasarán por alto el ataque al estado de derecho. El PP recurrirá en todas las instancias y hasta el final. El conflicto de competencias del Senado con el Congreso es un paso al que deben seguir otros sin tregua alguna.