El humo de las llamas de la España que se quema se disipará en unas semanas, pero las pérdidas emocionales, sociales y económicas seguirán vivas mucho después de que la agenda política y mediática pase página. Ya no es solo el coste de la extinción de estos fuegos. Hay que sumar la reconstrucción de viviendas e infraestructuras, la restauración de suelos y bosques, las explotaciones agrícolas y ganaderas destruidas, el turismo que se escapa y los empleos perdidos. Hablamos de riqueza real que se volatiliza en días y que muchas comunidades rurales no recuperarán en décadas. Un paisaje negro es también un gran duelo emocional porque deja familias que pierden su hogar y su sustento, pueblos enteros que ven calcinada su identidad y generaciones condenadas a crecer sin los bosques que acompañaron la vida de sus abuelos. Los estudios confirman que los grandes incendios pueden dejar secuelas psicológicas duraderas: depresión, ansiedad o estrés postraumático. Es lógico porque lo que arde no son solo hectáreas de terreno sino una parte de todos nosotros.

Y ante esto, la respuesta de la política sigue siendo la del día después. Asistimos a las visitas oficiales, si llegan; a las fotos, si se producen; a las promesas, que siempre las hay, y luego el silencio. El abandono rural, la ausencia de gestión forestal, la falta de coordinación entre administraciones, el cambio climático... Y cada año escuchamos a los mismos profesionales y expertos que nos explican que sí que hay medidas para reducir el alcance de este desastre nacional. Y todo sigue igual.

Esta inercia solo se rompe con un pacto de Estado contra los incendios porque tenía razón el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cuando en 2022 pidió personalmente al presidente Pedro Sánchez que se tratara este tema como un asunto de Estado y se sacara del debate partidista. Aquella demanda cayó en saco roto pese a la evidencia de que no basta con que cada comunidad actúe a su manera, sin una estrategia blindada políticamente, que incluya una coordinación real entre Administraciones y un calendario de objetivos verificables.

Y aquí es donde yo creo que entra nuestra responsabilidad. La de exigir ese pacto, exigir su cumplimiento y castigar en las urnas a quienes lo bloqueen o lo incumplan. No basta con indignarnos en agosto. El fuego no entiende de ideologías y si hay políticos incapaces de colocar esta lucha por encima de sus cálculos electorales, el deber democrático es recordárselo con el único lenguaje que escuchan: el voto.