Los extremeños van a elecciones anticipadas y al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, al que ustedes recordarán porque fue el que enchufó en un puesto público al hermano de Sánchez y cuando se descubrió el pastel hizo renunciar al acta a cinco diputados autonómicos para hacerse con el aforamiento parlamentario en un declarado fraude de ley, tiene un marrón añadido al procedimiento judicial. Tendrá que pronunciarse sobre el cierre de la central nuclear de Almaraz, ubicada en territorio «hostil», es decir, en la provincia de Cáceres, y afrontar las consecuencias de su decisión, ya que puede alinearse con el Gobierno, o con los intereses de la población local, a la que el absurdo cierre va a hacer fosfatina. En un país serio y ante un asunto de tanta trascendencia económica y social, que traspasa el ámbito regional, los ciudadanos de Extremadura, al menos, los de Plasencia, Navalmoral y alrededores, deberían acudir a las urnas sabiendo si la central de Almaraz se va a cerrar en 2027 o va a seguir en funcionamiento hasta 2030 y más allá, como acaban de solicitar las empresas propietarias, dejando la pelota en el tejado gubernamental. Pero, claro, en un país serio no habríamos tenido de ministra a Teresa Ribera, antinuclear de día y pro nuclear de noche, picarona, ni contaría para nada la opinión de la ultraizquierda populista, aunque, ahora que lo pienso, si se mantiene la espantada de Junts lo que digan las Belarrras, al señorito se la va a traer el pairo que, total, ya no suma mayoría parlamentaria con ellas. Pero no nos desviemos, porque, según todos indicios, la sucesora de Ribera, que se llama, Aagesen, ha decidido que en lo que a ella respecta los extremeños va a ir a votar en diciembre sin conocer la decisión tomada. Por supuesto, la señora Aagesen, la misma que diseñó el Plan Integrado de Energía y Clima, responsable directo del gran apagón de abril y, en consecuencia, de la subida de la luz y del incremento brutal de las emisiones de CO2 por el mayor uso de las centrales combinadas de gas natural, tiene artes políticas más que demostradas para eludir cualquier responsabilidad en una decisión que escamotea a los electores una información crucial para conformar el voto -lo de mentir directamente se lo van a dejar al candidato Gallardo- y ha decidido que sea el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en el que tienen cargo algunos destacados socialistas, el que autorice, o no, la prórroga de Almaraz, con un informe, no vinculante en principio para el Gobierno, que, ¡tachín! no se hará público hasta que se celebren las elecciones. Por lo visto, Aagesen no está dispuesta a que le pillen en un renuncio como el de la amnistía o el pacto con Bildu, seguramente porque no encuentra unas gafas que le sienten bien, así que se ha decidido por los más sencillo, que es dejar en la incógnita a los electores. Y una vez cerradas las urnas, ya harán la tontería que cuadre mejor a sus intereses de partido. Porque el desmantelamiento de Almaraz, una central perfectamente operativa, amortizada y que no emite gases de efecto invernadero, es una tontería, fruto de la ideología sectaria de unos políticos, como Teresa Ribera, que dejarían pudrirse el planeta con tal de no dar su brazo a torcer o, lo que es peor, no reconocer el mínimo yerro, no vaya a ser que favorezca a la inmunda derecha.