Fraude y tensión

Que el Parlamento de Cataluña haya aprobado poner en marcha la composición de la Comisión de Control de consultas populares y nombrar a sus miembros, a modo de junta electoral, sólo tiene una explicación desde la lógica de la consulta del 9 de noviembre. Hay que recordar que lo que ha suspendido el Tribunal Constitucional, por medio de dos providencias, es tanto la ley de consultas como el decreto de convocatoria. Desde la lógica jurídica habría que precisar que esa suspensión no es tanto una orden del Tribunal Constitucional como la aplicación de una consecuencia automática de la Constitución, que así lo prevé.

La Comisión está regulada fundamentalmente en los artículos 13 a 15 de la ley de consultas. Pues bien, el Tribunal Constitucional expresamente suspende la ley en cuanto a los artículos impugnados: artículos 3 a 39, más las disposiciones transitorias primera y segunda y la final primera. Esa Comisión de Control no ha sido creada por la ley suspendida, sino por la Ley catalana 1/2006, de iniciativa legislativa y que sustituyó a la Junta Electoral. Con la ley de consultas respecto de la anterior Comisión se altera su composición: se excluye a los jueces para dejar sólo a catedráticos –que son funcionarios estatales– y juristas; desde esa nueva composición se ha renovado la Comisión, todo al amparo de una ley suspendida.

Se va así abiertamente en contra de esa suspensión, tanto de la ley de consultas como de la convocatoria del 9 de noviembre pues la consecuencia inmediata de la decisión del Tribunal Constitucional es paralizar todo tipo de actuación ligada a la consulta que se pretendía celebrar el 9 de noviembre. Se desobedecen los términos de esa suspensión acudiendo a una suerte de fraude de ley amparado en una ley anterior no derogada. Esa tosquedad no tiene explicación en lo jurídico y su lógica sólo cabe encontrarla en el empeño de las instituciones catalanas y de los partidos independentista de echar un pulso al Estado, de ir a un paulatino incremento de la tensión.

Creo que a estas alturas está de más denunciar o lamentar el desprecio hacia la legalidad: se actúa desde la decidida voluntad de crear tensión y de hacer clara ostentación de desprecio hacia la «legalidad española» y hacia las decisiones de los «tribunales españoles». Los actos de desobediencia parece que se consideran como parte integrante del pedigrí del buen independentista.