La ideóloga

Pasito a pasito, ninguno en falso, la juez Alaya disecciona un régimen político levantado con la prebenda y el favoritismo. Cientos de millones defraudados durante años para alimentar a quienes fortalecían un poder incuestionado en una realidad insoportable en cualquier lugar distinto a esta Andalucía, convertida en la mayor fábrica de parados de Europa tras 30 años de monocultivo socialista. Tanta paz social, tanta ausencia de protesta, tanto conformismo sin rebeldía ante un horizonte sin futuro en el latifundio del PSOE tenía un precio. Y la Junta lo pagó. Al margen de la ley, afirma Alaya, y contra toda decencia: el dinero destinado a paliar el drama de los desempleados acabó en manos de amiguetes, aseguradoras sin escrúpulos y sindicatos depredadores de quienes decían proteger.

El modelo de reparto fue diseñado por Magdalena Álvarez, consejera de Hacienda antes de que Zapatero la aupara a su escaparate de «ministras Vogue». Explica Alaya por qué prevaricó y malversó: «El uso ilegal de fondos públicos se permitía a sabiendas de que en virtud de dicho procedimiento la concesión de subvenciones socio-laborales necesariamente se realizaría con absoluta discrecionalidad, y de forma totalmente opaca, incumpliendo los más elementales principios de actuación de la Administración».

Por esto estamos ante el mayor caso de corrupción jamás destapado en España. No fueron cuatro golfos metiendo la mano en la caja. Fue un sistema creado por el poder, incrustado en la Administración y gestionado de forma piramidal el que canalizó y fomentó el fraude: dinero a chorros que se distribuyó sin imparcialidad, sin transparencia, sin publicidad. Lo dice Alaya, una juez que sólo habla en autos que descifran las entrañas del cortijo andaluz y nos permiten entender las razones de su inmutabilidad.