La reina de San Fernando

Que hay ayuntamientos que se atribuyen las tareas de una agencia de colocación es cosa sabida por el común de los ciudadanos. Muchos años corren ya de democracia zumbona y bananera. Lo que nadie se imaginaba era que en otros casos, además, se arrogan la función de agencias de ocupación ilegal de viviendas. Ha sucedido en el consistorio de la localidad gaditana de San Fernando y le ha costado la dimisión a una concejal. La administración de esa entidad local, gobernada por el PSOE, había asesorado en los últimos meses a no menos de dos familias isleñas sobre el procedimiento más adecuado para irrumpir irregularmente en viviendas vacías de entidades bancarias. Una vez dentro, hubiera de por medio patada en la puerta o uso de radiografías para forzar la cerradura, la norma protege a los okupas. Así se lo explicaba recientemente la titular de Asuntos Sociales de San Fernando, Ana Lorenzo, a unos individuos necesitados de techo y de repercusión mediática. Al más puro estilo de Mortadelo y Filemón, la pareja acudió con una grabadora en ristre pidiendo una vivienda al Ayuntamiento y difundió luego la conversación de cerca de una hora con la edil dimitida. Oyendo la grabación se observa cómo, ciertamente, Lorenzo cae en la cuenta de la ilegalidad que está ayudando a perpetrar. «Los de Unicaja me matarían», viene a decir en voz alta mientras escribe la dirección del piso vacío, propiedad del banco. El dilema moral lo resuelve la electa en la apostilla de la reunión: «Ojalá quede yo como la que ayudaba a la gente a no estar en la calle aunque fuera invitándola a entrar en viviendas vacías de bancos». Pues así ha sido. El Estado soy yo, discurrió la inocente Lorenzo mientras se adjudicaba el papel de Reina Sol en esta democracia tan repleta de autócratas.