Congreso de los Diputados

Partidos políticos, bolsillos rotos

La Razón
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Para hoy miércoles está convocada en el Congreso de los Diputados una de esas reuniones, la de la «Comisión de Calidad Democrática» que, de no limitarse a un mero encuentro con el correspondiente cobro de dietas debería dar su juego con la que está cayendo. La citada comisión pretende determinar nada menos que ese elenco de agujeros negros en la actual ley de financiación de partidos que supuestamente abre de par en par las puertas a la tentación de prácticas corruptas. El enunciado en principio promete, sobre todo porque viene a remarcar las carencias de financiación ante sucesivas e interminables convocatorias con las urnas no exclusivamente en el partido popular, sino en todas las formaciones políticas y contemplando además el problema en origen.

Con independencia de lo que difícilmente se resuelva convendría poner alguna cosa en su sitio como recordar de entrada que ni existe formación política «tradicional» libre de culpa a la hora de contemplar prácticas irregulares en el manejo de los dineros, ni hay partidos de nueva creación que estén apuntando maneras demostrada y fehacientemente distantes de los métodos a los que obliga el actual corsé de legalidad. Casi cabría destacar como único hecho diferencial de las nuevas formaciones que no tienen un pasado en el ejercicio del poder. Eso es todo. Ciudadanos ha tenido ya que salir al paso en su corta existencia –hace cinco años era sólo un minoritario grupo en el Parlamento catalán– de algún interrogante a propósito del discurrir de sus fondos en algunos territorios y muy probablemente deberá tener la hoja de servicio pura e inmaculada ante algunas preguntas que le se les dirigirán en el «totum revolutum» de la comisión sobre la financiación de todos que ayer arrancaba en el senado. Podemos tiene por su parte bastantes más cuentas que aclarar, sobre todo en lo relativo a una financiación más «internacional» que doméstica. Seguro que se aplica la medicina que les exige a otros.

La solución al problema de la financiación de los partidos puede enfocarse de distintas maneras, una es la recurrente de desgastar al que gobierna con irrefrenable voracidad como la mostrada por Ciudadanos contra la presidenta del PP y de la Comunidad de Madrid, en contraste con la condescendencia con que se contempla la situación del Gobierno de la Junta andaluza salpicado por escándalos como el de los ERE. Otra manera es la de arremangarse replanteando cuestiones claves, léase entre otras la de las donaciones anónimas con derivadas como la imposibilidad de demostrar que procedan por ejemplo de contratistas de una administración. Aznar llegaba a la presidencia del PP topándose con el caso Naseiro, el PNV tuvo sus casinos, la antigua Convergencia el 3% trama Pujol aparte y el PSOE se financió ilegalmente con 1.200 millones de las antiguas pesetas tal como se demostró probado en el caso «Filesa». Ergo se antojan dos alternativas, o se aborda una solución global y consensuada o se conecta en modo «max» el ventilador y aquí, el que se considere puro e inmaculado, que arroje la primera piedra.