Pasarse de frenada

A nadie se le escapa que se ha desatado una auténtica –y seguramente descontrolada– cacería contra la corrupción en la que corremos el peligro de mezclar churras con merinas y donde cualquier político es sospechoso de «presunto». Y pongo por caso el de Pujalte. En principio, no parece que haya nada ilegal, previo aviso a la Cámara, en simultanear un trabajo extra parlamentario con el de diputado. Según el reglamento del Congreso ambas actividades pueden ser compatibles, y según afirma el interesado, los trabajos realizados se tributaron en tiempo y forma.El problema es que ante una opinión pública muy sensibilizada con el tema de la corrupción, cualquier información sobre los ingresos o el patrimonio de cualquiera que se dedique a la política, automáticamente se archiva en la carpeta de «recelos varios»; y lo que sí nos debería preocupar a todos es esta constante filtración de datos de la Agencia Tributaria que atenta contra la libertad, no sólo de los políticos, que son contribuyentes como el resto, sino de todos los ciudadanos.

La información fiscal de cada uno es privada y sólo la pueden manejar quienes tienen competencia para ello. Que se haga pública, además de ser ilegal, es muy peligroso porque más que a aclarar, contribuye a enredar la ya de por sí complicada madeja de la corrupción.

¿Que hay intereses políticos en algunas de estas acusaciones? sí; ¿que todos los partidos apuestan por que salga a flote la corrupción, a poder ser la del contrario?, también.¿Que estamos en campaña electoral?, es evidente; ¿que hay que hacer limpieza a fondo, no sólo en política sino también en todos los ámbitos de este país?, por supuesto, y se supone que en ello estamos, pero sin olvidarnos de que no se puede vulnerar la ley, ni el derecho a la intimidad, ni por supuesto la presunción de inocencia, que es algo que últimamente todos respetamos muy poquito.