Comparecencia en el Congreso de Fuster Fabra

El reconocido abogado catalán José María Fuster Fabra, con una larga y acreditada hoja de servicios en la defensa letrada de numerosas víctimas del terrorismo de ETA, en especial de policías y guardias civiles, ha comparecido en el Congreso de los Diputados para exponer su opinión sobre la ley de amnistía. Ciertamente no ha decepcionado en absoluto –sino todo lo contrario– en su argumentación radicalmente contraria a la presunta constitucionalidad de la misma. Todo lo que ha manifestado se puede decir (solo) un poco más alto, pero desde luego no más claro. Con sólidos argumentos ha descalificado que se trate de una amnistía lo que considera constituye de hecho un indulto general, que está específicamente prohibido por la Constitución en su artículo 62. Entre otras razones, porque varios de los delitos amnistiados siguen vigentes en el Código Penal, como la malversación o los desórdenes públicos, entre otros, afirmando que los jueces al aplicar esa amnistía incumplirían el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles.

Con toda sencillez explica que cualquier ciudadano acusado de cometer alguno de esos delitos fuera de Cataluña, tendría más dificultad en solicitar la amnistía de los mismos que otro ciudadano catalán invocando una presunta relación separatista. A esa ley se le podría aplicar la conocida máxima «excusatio non petita accusatio manifesta», al tener una exposición de motivos que asume el relato del procés y que supera ampliamente en extensión el contenido material de la ley que prologa, lo que resulta algo inédito. Y por cierto, pese a ser tan densa y extensa, no hace referencia alguna a las infames leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre de 2017 ni a la conocida DUI que declaró una unilateral independencia histórica de 8 segundos. Muy clara su referencia a las comisiones de investigación parlamentaria previstas en los pactos de Sánchez con los separatistas a cambio de los catorce votos de ERC y Junts, sin los cuales no tiene posibilidad alguna de seguir aferrado al poder. Fuster Fabra expuso con toda claridad lo que se pretende con ellas para ser incluidos como beneficiarios, e incluso que también sean convocados, quienes aleguen haber sido «espiados o acusados» por su relación directa o indirecta con el separatismo para poder ser beneficiarios de la amnistía por «lawfare» político y policial. Todo ello debidamente puesto en escena por los medios bien subvencionados por quienes gobiernan en España y la Generalitat que han pactado esas cosas, y que comparten intereses políticos comunes. Justo coincidiendo con las elecciones autonómicas gallegas y la tramitación de la amnistía.