Derecho a movilizarse contra el abuso de poder

En una democracia hay derechos medulares de los ciudadanos que deben ejercer en libertad conforme a las leyes que los regulan. El de manifestación, que es inherente al ejercicio de la protesta o la contestación pacífica, es uno de ellos. Ningún poder en un estado de derecho lo puede limitar ni censurar salvo circunstancias excepcionales también previstas. La izquierda lo sabe bien porque se ha doctorado a lo largo de la historia en lo que convenimos en denominar agitación y propaganda, que es una criatura deforme que parte en su origen de que la movilización es consustancial a un régimen de libertades. Socialistas, comunistas, populistas y separatistas, que han copado casi todos los resortes del estado, han sometido ese derecho, como a tantos, a su particular ley del embudo. Esa dicta que manifestarse contra una guerra en la que España no participaba, el Prestige, el 11M o más próximo en el tiempo lo que bautizaron como ley Mordaza, el rodea del Congreso o aquello de la alerta antifascista, amén de la violencia contra actos políticos de la oposición de centro derecha, estaban amparados por la Ley. En realidad, lo legal y lo moral, lo permisible y lo imprescindible, se han atenido a los designios de Moncloa. De tal punto, que Feijóo ha sido el sospechoso habitual del argumentario oficialista, pero los golpistas separatistas, el brazo político de ETA e incluso el prófugo de la Justicia resultan socios leales en la dirección del Estado. Ahora, el Gobierno pretende convencer a los españoles que aquel que secunda las concentraciones convocadas contra ese ataque a la Constitución que es la amnistía se convierte poco menos que en golpista. La portavoz de Moncloa ha tocado a rebato y el coro Frankenstein se ha aplicado en la partitura en otra hipérbole sobreactuada tan del gusto del PSOE, pero que remarca la involución cesarista de su liderazgo y de sus cuadros. Porque el autoritarismo democrático consiste precisamente en socavar hasta deponer la capacidad de la oposición de ejercer su responsabilidad de crítica, control y denuncia del poder con todos los medios legales a su alcance. Se trata, en resumen, de desmontar la democracia para abortar la alternativa y la alternancia. Así que, sí, creemos que quienes han decidido movilizarse en defensa de las libertades constitucionales y en contra de los planes de Sánchez para amnistiar a los delincuentes que intentaron arrebatar los derechos y el patrimonio de todos se encuentran plenamente legitimados por el ordenamiento vigente y por el juicio de la historia. El PP ha dado el primer paso de otros que vendrán, también la sociedad civil en Cataluña, que merece reconocimiento y apoyo. La izquierda actúa de espaldas al pueblo, sin haber sometido a su escrutinio actuaciones gravísimas. Se lo ha censurado el barón socialista Emiliano García Page, que ha tildado la maniobra de Moncloa de «enormemente grave». Cabe esperar que los diputados castellanomanchegos actúen en consecuencia.