El secuestro de la Diada

No hay en Cataluña acontecimiento social, económico, deportivo o simplemente festivo –no digamos ya político– que no esté marcado por el sello del soberanismo o el llamado «derecho a decidir». Es difícil no poner los pies en el terreno de juego marcado por el nacionalismo y salir indemne, siempre bajo la acusación de no tener pedigrí democrático, certificado que en estos momentos sólo expende el independentismo más irrredento. Con el anuncio de una nueva lotería por la Generalitat, alguien comentaba con ironía y cansancio: «De nuevo me obligan a elegir entre una lotería española o catalana». Y, por supuesto, no hay símbolo institucional que a estas alturas no esté secuestrado por la propaganda identitaria, que ve un enemigo donde sólo hay un representante de la oposición parlamentaria. Ayer, la presidenta del Partido Popular en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, dijo que no asistirá al acto oficial de la Diada, que se celebrará el próximo 11 de septiembre, porque el Gobierno de Artur Mas se ha apropiado de esta ceremonia para convertirla en una fiesta independentista. Ya hace varios años que esta formación desistió de participar en la ofrenda florar a Rafael Casanovas, protomártir del catalanismo, porque la ceremonia se ha convertido en un suplicio para los no nacionalistas o que no cumplen con la ortodoxia patriótica más cerril, que tienen que soportar amenazas, insultos y demostraciones de escatología política inaceptables. De esta manera, una fiesta que en cualquier otro lugar se celebraría con solemnidad ha acabado convertida en un esperpento excluyente, que dice mucho de la situación política que vive Cataluña. Su deterioro, además, ha tenido lugar con el consentimiento –cuando no el aplauso– de los responsables políticos, acogiéndose a una extraña interpretación de la libertad de expresión. Como única solución a este acoso al que los no nacionalistas son sometidos se había ampliado el perímetro de seguridad para evitar agresiones... Triste aceptación del «statu quo» alcanzado por el radicalismo más antidemocrático.

No estamos hablando solamente de símbolos, sino también de instituciones al servicio de un proyecto soberanista. Si el Parlament de Cataluña acabó aprobando una declaración a favor del «derecho a decidir», la mayoría nacionalista quiere sacar adelante en otoño una nueva ley de consultas que le dé margen para convocar un referéndum sobre la independencia que la blinde contra la ilegalidad en la que incurriría. En estas condiciones de exaltación sin límite, la celebración de la Diada ha perdido su carácter institucional, que exalta los valores democráticos, y es un capítulo más dentro de la propaganda dirigida desde el Gobierno de CiU para satisfacción de su socio, ERC, y otras asociaciones independentistas que están marcando la agenda política de Artur Mas.