El año político da comienzo con un escenario inédito: la imposibilidad, de momento, de llegar a un acuerdo para crear un Gobierno estable y la perspectiva de elecciones anticipadas. No es una situación dramática, por más desconocida que sea en nuestra tradición parlamentaria, ni tampoco como algunos partidos con descarada precipitación quieren presentárnosla, una «crisis de régimen». Hay mecanismos para gestionar este paréntesis y asegurar la gobernabilidad del país. Lo más importante ahora es apurar las etapas previstas. El candidato del PP, que es el partido más votado, de no alcanzar la mayoría absoluta en primera votación, obligaría, 48 horas después, a una segunda vuelta para conseguir la mayoría simple, con lo que bastaría con la abstención del PSOE. Cualquier análisis aritmético debe ceñirse a estos datos, pero no todo en política son números, y menos con una situación como la que han desencadenado las elecciones del pasado 20-D. Lo más fácil sería forzar un adelanto electoral para el mes de mayo, según calculan algunas formaciones, pero no es ni mucho menos la mejor solución si lo miramos con una perspectiva de más alcance. En primer lugar, no está en juego el bipartidismo, que no se trata del mal de nuestra democracia, pues esta fórmula parlamentaria ha permitido gobernar desde posiciones centristas y asegurar la estabilidad. No vivimos una situación especial, aunque sí hay que reconocer que el escenario político se ha ensanchado. Por lo tanto, la convocatoria de nuevos comicios sólo demuestra la impaciencia de quien cree que esta situación le puede favorecer electoralmente. Pero quien crea que esta solución sería la llave para inaugurar un nuevo régimen, se equivoca, además de demostrar que tiene una visión muy radicalizada del panorama político español. En segundo lugar, se estaría eligiendo la fórmula más mecánica, sin ensayar lo que de verdad está al alcance de la política: llegar a un acuerdo de estabilidad entre los partidos que no quieren romper con la Constitución –sí reformarla en lo necesario–, ni con el mapa territorial. Aunque legalmente previsto, un adelanto electoral supondría un fracaso político, pues se estaría actuando sólo por cálculos electorales de corto vuelo. Insistimos, estas formaciones están en su perfecto derecho, pero al PSOE se le debe exigir un mayor compromiso. Si utilizamos el modelo de la «gran coalición» alemana entre los cristianodemócratas de la CDU y los socialdemócratas del SPD, y en concreto la de 2014, hay algo que Pedro Sánchez y aquellos que le apoyan no deberían olvidar: el SPD había obtenido sus segundos peores resultados electorales, igual que el PSOE ahora, que incluso ha cosechado los más negativos desde 1977. Y otra cuestión: mientras la militancia socialdemócrata rechazaba el pacto, la mayoría de los alemanes, entre ellos sus votantes (55%), lo aceptaban. El líder socialista tiene poco margen de maniobra porque sabe que con 90 escaños no puede aspirar a la presidencia del Gobierno gracias a una alianza con Podemos, cuyas condiciones están fuera de la realidad y únicamente buscan sumir al PSOE en una batalla interna y debilitar al propio Sánchez. A Pablo Iglesias sólo le interesa acabar con el histórico socialismo español y convertirse en la principal fuerza de la izquierda. Sánchez, por contra, todavía tiene la opción de legitimar su política de pactos con el PP sometiéndola a la votación de sus militantes, para lo que hace falta capacidad de liderazgo. O abstenerse y dejar que Rajoy gobierne en minoría con acuerdos puntuales.