O hay presupuestos o hay urnas

No pudo ser más desafortunada la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, al afirmar que la obligación del Ejecutivo es mantenerse, obviando las consideraciones de muy amplios sectores de la sociedad española, alarmados por una deriva gubernamental que, si bien, es meramente declarativa, suscita las mayores incertidumbres. Sin duda, son los grandes empresarios lo que más acusan esta realidad, puesto que la inseguridad política es el peor escenario inversor, pero también acusa el desconcierto el ciudadano medio, bombardeado a diario con planes y proyectos futuristas, pero cuya concreción no pasa del más simple de los voluntarismos. En efecto, causa perplejidad la proyección a décadas de un Gobierno que, sin embargo, es incapaz de concretar las cargas fiscales de los trabajadores autónomos para el inmediato bienio o, lo que es más grave, las necesidades de financiación del sistema nacional de pensiones para el próximo lustro. El mejor reflejo de todo ello, pos supuesto, está en la errática elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, puestos en cuarentena por la propia Comisión Europea ante los evidentes desfases en los capítulos de ingresos y gastos. En realidad, Bruselas se ha convertido en la menor de las preocupaciones del Gabinete una vez que el PSOE ha perdido el apoyo de los socios nacionalistas para aprobar los Presupuestos y, en consecuencia, se ve acuciado desde su izquierda por Podemos, que ya contempla la posibilidad de forzar un adelanto electoral. Porque la expresa voluntad de permanencia del Gabinete no sólo pasa por el recurso al Real Decreto, sino por la estupefaciente capacidad de su presidente, Pedro Sánchez, para hacer exactamente lo contrario de lo que decía y proclamaba cuando se encontraba en la oposición. Aunque Pablo Iglesias tampoco está exento del pecado de la incoherencia, hija, la mayor parte de la veces, de la vara de doble medida tan cara la izquierda española, lo cierto es que no parece deseable al partido morado, incluso a efectos electorales, mantener un respaldo absoluto a un Ejecutivo cuya imagen sufre un evidente desgaste ante la opinión pública –con una ministra, Dolores Delgado, reprobada por las dos Cámaras; otros dos, Pedro Duque y Nadia Calviño, sorprendidos con sociedades instrumentales, al igual que la secretaria de Estado, María José Rienda; la ministra portavoz, Isabel Celaá, con múltiples propiedades sin declarar y bajo dudoso registro; la de Hacienda, María Jesús Montero, denunciada por su actuación en Andalucía y el ya amortizado Maxim Huerta– y que se apresta a gobernar por decreto. En este sentido, la prórroga de los actuales Presupuestos Generales en el ejercicio de 2019 puede considerarse un mal menor, por cuanto mantendrían las cuentas públicas dentro del acuerdo europeo de reducción del déficit, pero no deja de significar el principal fracaso en la gestión de un Gobierno, más aún, si éstos fueron fruto de la política económica de otro partido. El propio Pedro Sánchez, que puso todos los obstáculos posibles para que Mariano Rajoy no pudiera sacar adelante sus PGE, afirmaba con contundencia el pasado mes de mayo que un Ejecutivo que no fuera capaz de aprobar las cuentas debía convocar elecciones, al tiempo que rechazaba como políticamente ilegítimo el recurso a los decretos. Parece, a tenor de las últimas declaraciones gubernamentales, que aquellas exigencias sólo pueden aplicarse a los demás gobiernos y no a los socialistas. El problema, cuestiones éticas aparte, es que la economía de la Nación no puede estar al albur de resistencias numantinas y, menos, ante un panorama de caída de las previsiones de crecimiento. Si no puede aprobar los PGE, como decía Sánchez, Pedro debe convocar o irse.