Tocados, pero no hundidos

La decisión final de la Comisión Europea sobre los astilleros españoles, que obliga a los inversores a devolver las ayudas fiscales recibidas entre 2007 y 2011, coloca al Gobierno de Rajoy en la tesitura de acudir a los tribunales europeos para neutralizarla o, en su defecto, de arbitrar un sistema de devolución que no sea lesivo para la viabilidad de la industria naval. Ésta es una historia desgraciada en la que se han ido acumulando unos errores sobre otros, en especial por parte de quien debía haber vigilado y actuado con mayor diligencia: el comisario europeo de la Competencia, el español Joaquín Almunia. Aunque el sistema de beneficios fiscales a la construcción naval se puso en marcha en 2002 a imagen del de otros países, fue en 2005 cuando su validez se puso en duda a raíz de una denuncia contra Francia. Pero lejos de adoptar las cautelas pertinentes ante lo que sucedía en el país vecino, el Gobierno socialista de entonces miró hacia otro lado como si la querella, que perdería Francia, no fuera con él. Esta ficción se mantuvo hasta que algunos socios europeos, como Holanda, demandaron a España por competencia desleal. Los gobernantes socialistas maniobraron en consecuencia y modificaron el sistema de ayudas fiscales a partir de 2011. Pero ya era tarde. La demanda prosperó de manera imparable, debido, entre otras cosas, a la indolencia del comisario Almunia. Ni siquiera su militancia socialista le animó a paliar la negligencia de sus compañeros españoles en el Gobierno. Y así se llega a la situación que culminó ayer con el veredicto de la CE. Gracias a la reacción contra reloj del ministro Soria, de los presidentes autonómicos afectados, de los sindicatos y del propio Mariano Rajoy, que se implicó personalmente, la decisión de Bruselas no ha sido tan negativa como se anunciaba y limita a cuatro años las devoluciones fiscales, lo que supone unos 2.200 millones de euros. Ahora le corresponde al Gobierno gestionar el problema con ecuanimidad, teniendo en cuenta el daño que pueda sufrir el sector naval, que emplea a 80.000 trabajadores. También conviene tener en cuenta que se trata de dinero de los contribuyentes españoles y que son los inversores, en especial los bancos y los fondos financieros, los beneficiarios. En todo caso, se debe impedir que los astilleros españoles se descapitalicen, que pierdan pie en el mercado internacional y que se hundan llevándose tras ellos a miles de familias. Aparte de echar mano de los recursos legales pertinentes, el Gobierno debe buscar fórmulas que concilien el cumplimiento del veredicto de Bruselas con la sostenibilidad financiera del sector. La competencia asiática es demoledora, pero el prestigio y la tradición naval de España son un aval que, unido a la innovación tecnológica y a una mayor competitividad, garantiza el futuro de nuestros astilleros.