Un imposible fraude de ley

Apocos ha podido sorprender el dictamen adoptado unánimemente por el Consejo de Estado, en el que se respalda la previsible impugnación ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de la «consulta participativa» impulsada por la Generalitat de Cataluña. El pueril ardid ensayado por los nacionalistas catalanes –negando el acto formal de la convocatoria– no resiste el menor análisis legal y, además, se compadece poco con los hechos. En primer lugar, porque se trata de un evidente fraude de ley, como todos los actos que buscan la cobertura de una norma –en este caso, la ley de consultas aprobada por el Parlamento autonómico–para obtener unos fines contrarios al ordenamiento jurídico; y en segundo lugar, porque es imposible ocultar la evidencia de que el Ejecutivo catalán ha echado mano de las instituciones y los recursos públicos para la organización del sucedáneo de referéndum independentista. Como pone de relieve la Comisión Permanente del Consejo de Estado, el hecho de que Artur Mas no haya aprobado un decreto específico de convocatoria en modo alguno impide apreciar la existencia de un acto jurídico, sino que evidencia el propósito de eludir el control jurisdiccional. Ciertamente, ese acto jurídico positivo existe y se refiere al mismo objeto esencial –la consulta sobre la independencia de Cataluña– que ya fue suspendido por el TC. Pero, además, lejos de atenuar los vicios de inconstitucionalidad de que adolece el proceso, los agrava con la omisión de las más elementales garantías democráticas como son la neutralidad de los responsables del proceso y la previa determinación del universo de votantes. Entiende, pues, el Consejo de Estado que nos hallamos ante una actuación por parte de la Generalitat de Cataluña que no es inocua, sino que atenta gravemente contra el orden constitucional y la mera democracia. De ahí que, una vez desmontado el subterfugio, que, por otra parte, a nadie engañaba, no le quede a Artur Mas otra opción que suspender la consulta del 9-N, so pena de colocar a las instituciones catalanas ante una situación imposible de incumplimiento de la Ley. No sólo es la única decisión posible, sino la más conveniente para los intereses de todos los ciudadanos, especialmente de los catalanes, sometidos desde el inicio del nuevo proceso a una presión social asfixiante por parte de los partidos y movimientos independentistas para forzar un resultado que, en cualquier caso, carecería de la menor virtualidad. Es urgente que la situación política de Cataluña vuelva a la normalidad y conseguirlo aún está en las manos de Artur Mas. El Principado necesita un Gobierno que dedique sus esfuerzos a buscar soluciones a los graves problemas económicos que acucian a sus gobernados.