Una propuesta económica de riesgo

El Gobierno en funciones ha remitido a Bruselas un plan de Estabilidad Presupuestaria que rebaja en una décima el incremento previsto del PIB para 2019, que se quedaría en el 2,1 por ciento, y que mantiene el compromiso de reducción del déficit, con una desviación del 2 por ciento. El Ejecutivo informa a la Comisión Europea de que pretende mantener la indexación de las pensiones al IPC –lo que supondría un incremento de la pensión media del 0,9 por ciento–, así como una subida salarial de los funcionarios del 2 por ciento, tal y como establecía el acuerdo con los sindicatos firmado por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Para cuadrar las cifras, los ingresos fiscales del Estado se calculan ligeramente por encima del medio billón de euros, situando la carga fiscal en el 40 por ciento del PIB, es decir, la mayor recaudación impositiva de la historia de España. Lo menos que podemos advertir ante un proyecto gubernamental que viene condicionado por la inmediatez de las elecciones es que no admite, ni como hipótesis, que pueda producirse un deterioro de las condiciones económicas generales, tal y como vienen señalando los distintos órganos reguladores internacionales –el FMI, ayer, sin ir más lejos–; el Banco de España y la mayoría de los gabinetes de estudios de las instituciones financieras. Muy al contrario, un ejecutivo en funciones mantiene sus planes de un incremento del gasto público que, de entrarse en recesión, ni siquiera se podría compensar con mayor presión fiscal. En definitiva, un escenario potencialmente preocupante para un país como el nuestro, sin mayor margen para tirar de deuda pública, que ya está cercana al cien por cien del PIB, y con los hogares y empresas tratando de aminorar su endeudamiento a marchas forzadas. Si bien en estas condiciones, y sin caer en catastrofismos estériles, convendría aplicar el principio de precaución, tratando, al menos, de aprovechar la inercia de crecimiento para reducir el mayor porcentaje posible de una deuda que supone, sólo en el pago de intereses, el 9,3 por ciento del gasto público, es decir 22.935 millones de euros en 2017, o el 2,6 por ciento del PIB, lo que nos encontramos es con una izquierda empeñada en una subasta electoral, en la que todo vale, incluida, por supuesto, la demagogia con las pensiones. Así, llega a entrar en la categoría del sarcasmo que la incapacidad de esa misma izquierda para sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado se haya convertido en la mejor política económica posible para España. Que está situación no puede prolongarse es evidente, pero también lo es que, a tenor de las encuestas preelectorales, se mantenga la actual fragmentación parlamentaria, con una victoria insuficiente del Partido Socialista, incluso, para alcanzar una mayoría con sus aliados de la izquierda más radical. Por ello, si a pesar de las señales de distensión en la guerra comercial declarada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la economía internacional cayera en esa gran depresión que anunciaba ayer el FMI, se haría imperativo la formación de un Gobierno con el respaldo suficiente para tomar las medidas de contención que fueran necesarias, que, por supuesto, estarían en las antípodas del optimista Plan de Estabilidad que ha presentado el Ejecutivo en funciones. Y, con las previsiones demoscópicas en la mano, no parece que haya otra alternativa que la experiencia de una «gran coalición» a la alemana, conformada con los dos grandes partidos españoles, que son, además, los que tienen sobrada experiencia de gobierno. La sociedad española, una parte de la cual todavía arrastra las dolorosas consecuencias de la última crisis, no entendería que se mantuviera la pugna política por encima de los intereses comunes.