Una propuesta valiente

LA RAZÓN da cuenta hoy del informe que ha elaborado la comisión de expertos del Ministerio de Justicia, cuyo titular es Alberto Ruiz-Gallardón, en el que se basará el nuevo Código Procesal Penal, en sustitución de la centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal, actualmente en vigor. Podemos asegurar que, de salir adelante en su trámite parlamentario, España contará con una legislación de las más avanzadas de Europa, muy garantista para los acusados de un delito, pero que, al mismo tiempo, dignifica el papel de las víctimas, convirtiéndolas en el eje del proceso penal. Junto a estas dos grandes líneas, que sin duda serán objeto de controversia, los expertos de la comisión tratan, con su propuesta de articulado, de dar respuesta a las disfunciones de una legislación que se ha quedado obsoleta, pero, también, de clarificar todos los pasos del proceso investigador, para evitar diferencias de interpretación respecto a los derechos y potestades de todas las partes implicadas en el porcedimiento criminal. Así, una vez reformada la ley, será imposible un nuevo «caso Garzón», puesto que el artículo referido a las escuchas entre abogado y cliente especifica que no se podrán intervenir sus comunicaciones «salvo en los supuestos de terrorismo, mediando indicios de participación del letrado en los delitos». La comisión de expertos no ha podido sustraerse, y ha hecho bien, a la alarma social desatada por los casos de corrupción, por lo que trata de dar una respuesta equilibrada al problema. Por una parte, la de cal, prevé la inhabilitación provisional de los cargos públicos acusados de delitos, con lo que se reduce la discrecionalidad del imputado para presentar su dimisión o no; pero, al mismo tiempo, refuerza el secreto del sumario y eleva la responsabilidad penal en el caso de la revelación de datos reservados. También limita las escuchas telefónicas a la investigación de delitos penados con más de tres años de prisión y cambia, a favor del imputado, las condiciones de detención: no podrá ser sometido a prisión incomunicada por más de 13 días, su derecho a guardar silencio no puede ser entendido en sentido negativo por el juez y, en la vista oral, el acusado declarará exclusivamente a petición de su abogado y no a instancias del fiscal. Respecto a las víctimas, se refuerzan sus garantías de intimidad y se obliga a las autoridades judiciales a mantenerlas informadas en todo momento de la situación procesal y del estado de las investigaciones. Otros aspectos de muy necesaria reforma, pero que traerán críticas de la oposición, son la supresión de la acusación popular ejercida por sindicatos y formaciones políticas, y que la investigación criminal será responsabilidad de los fiscales que dirigirán a la Policía, lo que debería obligar a reforzar la independencia de la Fiscalía. En definitiva, una propuesta valiente y argumentada que, por fin, tiene en cuenta a la sociedad del siglo XXI.