Unidad de acción en Cataluña

Si bien la reunión mantenida ayer entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, hay que enmarcarla en la normalidad de las relaciones entre dos formaciones políticas que han suscrito un acuerdo de legislatura, lo cierto es que se trata de un encuentro oportuno que, sobre todo de cara a la opinión pública, despeja dudas importantes sobre el escenario de Cataluña. En efecto, si las elecciones autonómicas catalanas han dado una más que meritoria victoria a la candidata del partido naranja, Inés Arrimadas, también han supuesto un indisimulable varapalo para el Partido Popular, que ha visto como una buena parte de sus votos en el Principado han recalado en Ciudadanos. Consecuencias del efecto llamada del «voto útil», que los populares catalanes reprochan a sus socios en el bloque constitucionalista, por entender que debilita las opciones no nacionalistas en Cataluña. Sean cuales sean las causas de ese trasvase electoral, que también ha afectado, aunque en menor medida, a otros partidos, y que debería llevar a una profunda reflexión interna de los perjudicados, la situación que se abre en esa comunidad, con una mayoría absoluta separatista que, paradójicamente, no garantiza la formación de un gobierno de la Generalitat, aconseja que se mantengan las mejores relaciones entre los partidos que conforman el bloque ideológico constitucional, en el que se incluye el PSC, por encima de intereses o estrategias de partido, por muy legítimas que estas sean. De ahí que hayan sido de todo punto inoportunas las críticas cruzadas entre las tres formaciones, con puyas, a veces desabridas, hacia los populares o emplazamientos políticos a la candidata ganadora que, en estos momentos, no puede cumplir. Por ello, hay que resaltar tanto el contenido de la reunión entre Rajoy y Rivera como el buen tono empleado por sus distintos portavoces. Pese a las diferencias de criterio de todos conocidas, la colaboración parlamentaria entre el PP y Ciudadanos se mantiene y, salvo sorpresa, el partido naranja respaldará los Presupuestos Generales del Estado, en los que ha introducido enmiendas por valor de más de 8.000 millones de euros, y participará en la comisión territorial para la modernización del Estado, que comienza su andadura en enero próximo, y en la que se tratará la cuestión fundamental del nuevo modelo de financiación autonómica. Pero, en lo inmediato, sigue siendo la situación en Cataluña la que demanda la mayor unidad de acción. Ya hemos señalado que la victoria de Inés Arrimadas es políticamente muy significativa, pero insuficiente para afrontar a los separatistas y no es descartable, además, que un hipotético Gobierno catalán independentista, que estaría condicionado una vez más por los integristas de las CUP, trate de recuperar la vía unilateral del «procès», lo que obligaría a intervenir al Gobierno de la Nación. Ayer, Mariano Rajoy y Albert Rivera se mostraron de acuerdo en mantener en activo el artículo 155 de la Constitución, al menos, hasta que se forme un gobierno de la Generalitat, para garantizar que se preservan las prestaciones públicas y los servicios sociales en Cataluña. Ambos reclamaron que el nuevo Ejecutivo catalán se comprometa a cumplir la Ley y la Constitución y a recuperar la convivencia, que es imprescindible para que España aproveche el buen momento económico y se mantenga el ritmo de crecimiento del mercado laboral. Desafíos lo suficientemente importantes para que Ciudadanos y el PP no se distraigan en discusiones de mucho menor calado.