La España sanchista se ha hundido 22 puestos en los ranking de calidad democrática

Desde la llegada al Palacio de La Moncloa del líder socialista, Pedro Sánchez, España no ha hecho otra cosa que retroceder en el ranking internacional de democracia que elabora Freedom House. Se trata de una clasificación en la que se evalúan y ponderan indicadores democráticos tasados como el derecho al voto, la libertad de expresión o la igualdad ante la ley.

Tras la moción de censura que puso punto final al Ejecutivo que presidía Mariano Rajoy España ocupaba el puesto 18 de calidad democrática en el planeta. Tan solo han pasado cinco años con la coalición de izquierdas en el poder, junto a Frankenstein, y su balance ha consistido en la caída al escalón número 40.

La degradación de la separación de poderes y por consiguiente de la independencia del poder judicial ha sido una de las razones fundamentales que han agudizado la agonía de nuestro sistema de libertades.

En otro ranking de prestigio que calibra también la salud del estado de derecho, el de The Economist, la nación abandonó en 2021 la Champios League reservada a las «Democracias plenas». La realidad de la España del sanchismo se resumió en su descenso a la segunda división de las democracias. El principal motivo de este declive fue el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Cuando España bajó al puesto 24 en 2021, el periódico El País publicaba el 22 de febrero de 2022 lo siguiente: España pasa a tener una democracia «defectuosa», según el barómetro de «The Economist».

Estamos asistiendo extremadamente preocupados, aunque no sorprendidos, a lo que podría ser un preámbulo de intentona de subvertir el orden constitucional en España, en la que los enemigos de la unidad de la nación constitucional van a hacer que el segundo partido en las últimas elecciones generales del 23J, el PSOE y el cuarto, Sumar, puedan gobernar con la ayuda de independentistas de derechas y de izquierdas.

Pero para ello los que hoy dirigen con mano de hierro el PSOE, organización, que antes de la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, fuera comprometida defensora de la Constitución, ahora son capaces de vender el Estado y un partido con 144 años de historia por un plato de lentejas, que no es más que satisfacer el apetito de poder del presidente del Gobierno en funciones aunque con ello se acabe con la separación de poderes, se abra la vía para la disolución de España y sea el fin del PSOE.

El malestar entre la mayoría de la ciudadanía, así como entre jueces, representantes políticos, la empresa, las finanzas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, está llegando a niveles críticos como nunca antes se había registrado con esta intensidad y dispersión.

Hora a hora, día a día, la indignación va incrementándose en línea con la voluntad de oponerse unos y evitar otros la venta de España y de su Constitución. Esta situación se tornará muy peligrosa si finalmente se concreta la hoja de ruta del separatismo a cambio de la investidura.

España lleva décadas sin vivir una tensión política como la que está generando el intento de forzar la investidura de Sánchez, circunstancias más propias de la Hispanoamérica en los años que antecedieron a ser despojada de su orden constitucional en la mayoría de los países para ser asolada por la izquierda populista e identitaria que de un estado miembro de pleno derecho de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica.

España no superará sin trauma esta estrategia de crispación a la que se la está sometiendo por parte de la voluntad y la ambición de Sánchez. No se puede volar la separación de poderes y abrir la puerta a la balcanización de la nación sin esperar una respuesta, una reacción que nos puede llevar a un punto sin retorno y terminar con la reconciliación nacional de 1978.