Los españoles suspenden la democracia del decretazo practicada por el sanchismo

Nuestra Constitución, en su Título III, de las Cortes Generales, y en lo referente a la elaboración de las leyes, dice en su artículo 86 que en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.

Sánchez encabeza la clasificación del número de ocasiones en la que ha recurrido a un Decreto-ley, 135 en el plazo de cinco años y medio. Superando a los 130 de Aznar, 129 de Felipe González, 127 de Rajoy y los 108 de Zapatero, todos ellos con muchos más años en el poder que el actual inquilino de La Moncloa. Con muchos menos, con tan solo 51 Decretos-leyes, los dictados por los gobiernos de la UCD, que a pesar de corresponderle gobernar en los momentos de máxima tensión de la Transición Política, en el que se logró el tránsito de un régimen autoritario a una democracia plena, no se prodigaron en esta figura legal del Decreto-ley.

El abuso del Decreto-ley ha sido perpetrado de forma destacada por los gobiernos de Sánchez, ya que esta figura excepcional ha sido aplicada de media 24,5 veces por año en sus 5,5 años de mandato. Que contrasta con media anual de Rajoy y Aznar, que fue de 16,9 y 16,3 veces por año, respectivamente. O la de Zapatero, con un promedio anual de 14,4 Decretos-leyes.

El decreto-ley no es una alternativa a la ley ni se transforma automáticamente en ley tras su validación. La doctrina del Tribunal Constitucional a este respecto justifica la legitimidad del Decreto-ley cuando la situación de urgencia definida por el Gobierno justifique la medida. La Moncloa acude recurrentemente a esta excepcionalidad jurídica para lograr sus reformas, incluso de gran magnitud, evitando el debate parlamentario, por el elevado coste político y consiguiente desgaste electoral que ello le supondría.

De paso, la izquierda en el gobierno se salta también de manera arbitraria y torticera los controles y fiscalizaciones de os órganos consultivos, que a menudo no solo mejoran y regularizan los articulados en cuestión, sino que verifican e identifican posibles fricciones con la legalidad y el orden constitucional. Que se puentee de manera reincidente al Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal supone una anomalía democrática en toda regla.

El atajo del decreto como método de conducta resulta en sí mismo una degradación institucional y el síntoma de un ejercicio del poder adulterado.

En el estudio número 3.424 del CIS titulado Encuesta sobre Tendencias Sociales de octubre de 2023, se pregunta a los españoles por las principales instituciones del país. A la cabeza, con la mejor nota, se haya la Constitución de 1978, mejorando, alcanzando en la actualidad los 6,59 puntos. Sin embargo el Parlamento y el Gobierno se mantienen en puntuaciones de suspenso y estancadas. El Parlamento obtiene tan solo 4,35 puntos y el Gobierno los 3,99 puntos. Estamos ante pésimas valoraciones de dos de los tres poderes del Estado. Los controlados directamente por La Moncloa. El tercer pilar, la Justicia, les supera con 4,99 puntos, rozando el aprobado.