Hubo un tiempo en el que el poder político nos trató de convencer de que «Hacienda somos todos». Había que animar a los ciudadanos a pagar los impuestos que les correspondían, porque solo así podríamos acometer los gastos e inversiones necesarios para sostener nuestro estado del bienestar. En nuestro tiempo, los apologetas de lo público –entre los que se encuentra quien rubrica estas líneas– defienden la necesidad de sostener con impuestos nuestro sistema nacional de salud y de educación. Es una tarea justa y necesaria.

Lamentablemente, discursos como esos chocan con otros relatos menos virtuosos sobre el dinero que, con mucho esfuerzo, los contribuyentes aportan al erario. Un ejemplo desmedido y extravagante lo aportó, no por casualidad, la ministra de la cosa, María Jesús Montero, cuando, preguntada por una partida concreta de las cuentas del Estado, nos ilustró con esa soltura que le surge de natural: «Pasarse en un presupuesto es fácil, no tiene problema; lo he dicho siempre, Chiqui; son 1.200 millones; eso es poco». Chiqui.

En estos días, hemos sabido que el Gobierno firmó un contrato con una empresa israelí por seis millones y medio de euros, a cambio de quince millones de balas para la Guardia Civil. Como el presidente se había comprometido a no intercambiar material militar con Israel, y sus socios de coalición se pusieron intensos, Moncloa ha ordenado rescindir ese contrato por las bravas. Y existe la posibilidad de que haya que indemnizar a la otra parte contratante, por supuesto, con dinero del contribuyente. Es decir: los ciudadanos pagarán con sus impuestos la solución de un problema político, partidista y personal del presidente del Gobierno. Y hay más contratos pendientes, por valor de mil millones de euros, por no hablar del coste que supuso para los españoles mantener a las sobrinas de un exministro sometido a investigación judicial.

La primera obligación de un gobernante es tener un respeto reverencial por cada céntimo que ponen en sus manos los contribuyentes. Malgastarlo a sabiendas es un acto que roza lo delincuencial, si es que no supera con creces esa calificación. Y esto ocurre en plena campaña del IRPF.