En este mes de diciembre que ahora comienza caduca el mandato de cuatro años de los 12 magistrados que integran el Tribunal Constitucional de España. Entre ellos se incluye a su actual presidente, Cándido Conde-Pumpido, el cual el pasado verano ya se dirigió al presidente del Senado, en el sentido de indicarle que se iniciaran los trámites para proceder a la renovación de esta parte de los miembros del Tribunal Constitucional, que corresponde elegir a la Cámara de representación territorial.

La Constitución española, en su artículo 159, establece que «los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres». Es decir, la renovación del Tribunal de garantías nunca se produce de una manera completa o integral, sino que se hace por fases, cambiando y renovándose así cuatro de los doce magistrados que lo componen, cada tres años. Además, si un magistrado del Tribunal Constitucional sustituye a otro durante menos de tres años, existe la posibilidad de que puede volver a ser designado como miembro del Tribunal durante un nuevo mandato completo (nueve años).

El artículo 17 de la LOTC podemos entender que prevé una especie de cláusula previsora ante los supuestos de renovación que pueda resultar conflictiva, o al menos tardía con relación al preciso momento que correspondería la renovación de los magistrados. En efecto, allí se establece que los magistrados del Tribunal Constitucional continuarán en el cargo hasta que se produzca la toma de posesión de sus sucesores. Por lo que si esta renovación se alarga en el tiempo o se retrasa, como parece que va a suceder ahora, también lo hará el mandato dé cada magistrado «cesante» que continuarán así en el cargo hasta que se produzca el nombramiento de los nuevos magistrados.

Como es sabido, de los 12 magistrados que componen el Tribunal Constitucional, cuatro son designados por el Congreso de los Diputados, otros cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tanto en el Congreso como en el Senado se necesita una mayoría de tres quintas partes de cada Cámara para poder elegir a los nuevos cargos al Tribunal Constitucional. Los magistrados que corresponde su elección al Senado, a pesar de ser designados por la Cámara Alta, son propuestos por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, como recoge el artículo 16 de la Ley Orgánica 2/1979. Con lo cual hay que esperar también a que se inicien y finalicen los correspondientes procedimientos en los Parlamentos autonómicos, y que éstos eleven sus propuestas de magistrados al Senado. El Presidente del Tribunal Constitucional, por su parte, es elegido a continuación entre los miembros de éste mediante una votación secreta.

Para poder ser designados como miembros del Tribunal Constitucional, los candidatos deben cumplir una serie de requisitos: magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, y ser «juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional», de acuerdo con lo establecido en Constitución. Y, con el objetivo de garantizar «la presencia equilibrada de hombres y mujeres» en el Tribunal Constitucional , las instituciones que deban designar nuevos magistrados deben hacerlo de tal forma que en el Tribunal siempre haya al menos un 40% de miembros de cada género. El Tribunal Constitucional, desde su puesta en funcionamiento en 1980, ha contribuido de una forma clara y decisiva a la conformación de España como un Estado social y democrático de Derecho; en el que tal y como recoge el primer artículo de la Constitución Española tiene como valores superiores de su ordenamiento jurídico la justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo político. El Tribunal Constitucional, como escribió González Rivas, juzga con arreglo a criterios y razones jurídicas sobre controversias jurídicamente formuladas que hacen referencia a limitaciones constitucionalmente establecidas al poder, al ámbito de acción libre de los distintos órganos que integran el Estado y son, en consecuencia, controversias que pueden tener matizaciones políticas en la disputa sobre el ejercicio, la distribución y el uso del poder que constituyen el núcleo de la política.

Como he dicho, correspondería ahora al Senado proceder a la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional que deben entrar en lugar de los que deberían dejar el Tribunal en este mes de diciembre. Pues bien, esta Cámara Alta está formada en la actualidad por 266 miembros, por lo que para designar los senadores a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional se necesitaría una mayoría de 160 votos favorables. Con la composición vigente, ningún grupo parlamentario del Senado podría tomar la decisión sin llegar a pactos o acuerdos con otros partidos. Aunque el Partido Popular tiene la mayoría absoluta de la Cámara (144 senadores), seguiría necesitando otros 16 votos para poder designar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Por su parte, la suma de los senadores del PSOE y sus socios o aliados que sostienen al Gobierno en el Congreso de los Diputados, tampoco sería suficiente, al sumar solo 113 votos.

Todo apunta a que a tenor de las circunstancial actuales no existe un clima político favorable a que haya un acuerdo entre los partidos en las próximas semanas para la renovación del Constitucional. Hay que tener en cuenta que ya está en marcha una convocatoria electoral en Extremadura. Y todo indica que esa falta de acuerdo para elegir a los nuevos magistrados se mantendrá durante los siguientes meses del año próximo, en donde asistiremos a nuevas citas electorales a la vista en otras tantas comunidades autónomas, la última de ellas en Andalucía, quizá en el mes de junio de 2026. Por lo que, en definitiva, podemos augurar que hasta cumplida esa fecha no habrá renovación en el Senado de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Alfonso Villagómez Cebrián. Magistrado y doctor en Derecho