Eleuteria
La hipocresía del PSOE con el dinero en efectivo
Ni debemos consentir que prohíban el efectivo ni que se conviertan en una casta para la que no rige la ley
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha revelado que entre 2014 y 2024 José Luis Ábalos, ex secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez, realizó gastos en efectivo por más de 90.000 euros e ingresos también en efectivo por más de 60.000. Parte de ese dinero procedía directamente del Partido Socialista, que reconoció haber pagado en metálico a Ábalos y a su colaborador Koldo. Cerca de 20.000 euros para el primero y más de 12.000 para el segundo. En algunos casos, incluso, las liquidaciones superaron los límites legales entonces vigentes para pagos en efectivo.
No es este el enésimo episodio de presunta corrupción socialista lo que aquí interesa, sino la incongruencia moral que revela. Porque el PSOE, mientras pagaba a sus colaboradores en metálico, impulsaba desde el Congreso iniciativas para erradicar el uso del efectivo por parte de los ciudadanos. En junio de 2020, el grupo parlamentario socialista propuso eliminar gradualmente el dinero físico «con el horizonte de su desaparición definitiva». Y un año más tarde, el Gobierno aprobó la Ley 11/2021 que redujo de 2.500 a 1.000 euros el límite máximo para pagos en efectivo entre profesionales.
Es decir, el mismo partido que predicaba la supresión del efectivo lo utilizaba internamente con total normalidad, incluso por encima de los límites que él mismo consideraba «peligrosos» o «inmorales» para el resto de la sociedad. La doble vara de medir es evidente: el PSOE juzga ilícito para el ciudadano lo que practica con impunidad dentro de su propia estructura.
Lo preocupante no es solo la hipocresía, sino la tendencia autoritaria que encierra. Los gobiernos socialistas, como tantos otros, no buscan eliminar el dinero en efectivo por razones técnicas o académicas, sino por el poder que otorga controlar todas las transacciones financieras de sus ciudadanos. Un Estado sin efectivo es un Estado que puede vigilar, fiscalizar y castigar con una precisión orwelliana.
Mientras los partidos se reservan la libertad de manejar sobres, maletines o pagos en metálico, a los ciudadanos se les exige una transparencia absoluta. Es la vieja historia del privilegio para los propios y la represión para los ajenos. Pero una sociedad libre no puede tolerar que sus gobernantes se coloquen por encima de las leyes que imponen. Ni debemos consentir que prohíban el efectivo ni que se conviertan en una casta para la que no rige la ley.