La independencia de los jueces se resiente por la injerencia del poder ejecutivo

Esta semana se ha consumado la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, tras los pactos alcanzados con los partidos de izquierdas, nacionalistas y separatistas, acuerdos por los que el PSOE se ha visto obligado a presentar en solitario la Ley de Amnistía –a la espera de los pagos siguientes que le irán exigiendo todas y cada una de las fuerzas políticas que le han aupado a la presidencia–, que, como el mismo Pedro Sánchez afirmaba antes de las elecciones generales adelantadas al 23 de julio, es una medida, la amnistía, que no cabe en la Constitución –afirmación hecha también por el entonces ministro de Justica, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo– constituyendo una clara injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial, lo que rebaja la calidad de justicia en España, como indican los sondeos de opinión realizados en España.

Esta anomalía no se da en otros países de nuestro entorno europeo ni, por ejemplo, en la Constitución de los Estados Unidos, donde encontramos el ejemplo más riguroso de separación de poderes; ejecutivo, legislativo y judicial, pues en ella se explicitan los contrapesos y equilibrios para que ninguno de los tres poderes pueda actuar contra los intereses de la nación. Estados Unidos conjuga la separación con el equilibrio. No sucede del mismo modo en España, con tribunales como el Constitucional (TC), ya que nuestra carta magna reserva 10 de los 12 magistrados a la clase política; 8 por el legislativo y 2 por el ejecutivo, y solo 2 al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Dice el título IX, artículo 159: El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta de la Cámara del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Difícilmente este Tribunal Constitucional, fundamental para garantizar la continuidad de nuestra democracia, puede ejercer el papel de contrapeso cuando las Cámaras (Congreso y Senado) se extralimitan al legislar o el Ejecutivo es arbitrario de su toma de decisiones.

Montesquieu (1689-1755) en su obra «El espíritu de las Leyes» (publicado en 1748) advierte del peligro que supone para la libertad de los ciudadanos que se concentre todo el poder en el ejecutivo o que éste pueda ejercerse sin ningún contrapoder que pueda llegar a frenarlo. La falta de división de poderes nos devuelve al absolutismo y a la quiebra el Estado de Derecho. De ahí el peligro que encierra la frase «desjudicializar la política», empleada para desmontar la Constitución y justificar las cesiones a los golpistas independentistas del «procès».

En sus estudios periódicos, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó en 2020 por el funcionamiento de los servicios públicos, y en su estudio número 3.290 se advertía que la ciudadanía consideraba la Justicia como el peor servicio público en su funcionamiento, con un 60,9 por ciento de opiniones que manifestaban la poca o ninguna satisfacción con su funcionamiento. Tres años después, en julio de 2023, vuelve a la carga, y en el estudio 3.418 vuelve a confirmarse la Justicia como el peor de los servicios públicos, y con peor nota que en 2020, ahora ya son el 70,7 por ciento de los españoles los que se muestran poco o nada satisfechos con la misma.

La comparación de la percepción de la Justicia entre los españoles y el conjunto de Europa nos sorprende con datos que nos deben preocupar. El Eurobarómetro 503 de 2022 indicaba que en el conjunto de la Unión Europea el 53,0 por ciento de los ciudadanos está muy o bastante satisfecho con la independencia percibida de tribunales y jueces. En España, ese porcentaje cae al 38,0 por ciento. Y otro dato destacado es que solo un 35,0 por ciento de ciudadanos de la Unión Europea consideran bastante mala o muy mala esa independencia, frente al 53,0 por ciento de los españoles.

La interferencia o presión política del Gobierno y de políticos es señalada por el 66,0 por ciento de los españoles como principal motivo para la percepción de falta de independencia de los tribunales, mientras que en el conjunto de la Unión Europea el porcentaje es menor, de 12 puntos inferior, concretamente llega a alcanzar el 54,0 por ciento.