El verano acaba y con él la virtual tregua estival en los casos de corrupción que afectan al presidente del Gobierno. Las vacaciones no se han traducido en una parálisis de las instrucciones ni de los trabajos de los investigadores que han continuado con más intensidad de lo que se pudiera pensar. Así que la inquietud que se respira en los cenáculos y los mentideros sanchistas responde a un horizonte por definir, pero en absoluto tranquilizador. Hay tantos frentes abiertos, con tanto campo por desbrozar, pendientes de informes y fiscalizaciones, que el hecho de que una bomba de relojería aguarde oculta tras una conversación intervenida, una cuenta anónima, un testimonio imprevisto o un arrepentido colaborador inesperado parece un escenario factible. Hemos naturalizado en esta democracia demediada que Moncloa utilice a la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y al abrumador aparato del Estado, como instrumentos a favor de sus intereses particulares y familiares y, lo que es más intolerable, contra la acción de los jueces independientes. Habrá que ver hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente para aplacar los estragos de la tremenda onda expansiva que se intuye en ese guion altamente posible conformado por el procesamiento de Begoña Gómez y los juicios al fiscal general Álvaro García Ortiz y el hermano del presidente David Sánchez. A los que habrá que sumar las derivadas del «Caso Koldo», con las peripecias de Aldama, Ábalos y Santos Cerdán, en prisión, además de las ramificaciones e incidencias de nuevas causas como el «Caso Fontanera» de Leire Díez. Cabe esperar, dados los precedentes, que el sanchismo recrudezca la guerra sucia sin cuartel que ha librado para acabar con los jueces o cancelar los sumarios críticos, especialmente en los asuntos que implican a la mujer del jefe del Ejecutivo y a su hermano. Por supuesto, sin escatimar medios también en el flanco ejecutivo y legislativo con la contrarreforma patrocinada por el ministro Félix Bolaños, que se ha convertido por méritos en el mayor ataque contra la independencia de la Justicia, amén de inconstitucional, y que es propia de un régimen populista e incompatible con la democracia. En este punto, Europa debe estar presta para una defensa enérgica del estado de derecho que este proyecto amenaza con un espíritu autoritario que solo se explica en la desesperación de una administración dispuesta a todo para seguir en el poder. Que lejos quedan, y que grotescas resuenan, las promesas del gobierno de colaboración con los tribunales y de respeto al trabajo de los togados. Nada ha habido de todo ello, sino al contrario, una obsesión por sabotear su acción con el manejo espurio de fondos públicos. Y, pese a todo, los jueces harán su trabajo con honestidad y rigor en defensa de la Ley y la Justicia.