Isabel Allende recuerda en Mi nombre es Emilia del Valle cómo el presidente chileno José Manuel Balmaceda acabó enfrentado a muerte con su Congreso cuando este se negó a aprobar los presupuestos de 1891. Balmaceda decidió prorrogar las cuentas del año anterior; el Parlamento lo declaró fuera de la ley y él disolvió la Cámara. Aquella pugna desembocó en guerra civil y en el suicidio del propio mandatario. La historia parece lejana, pero encierra una advertencia vigente: los presupuestos son el corazón del parlamentarismo. Las primeras asambleas no se convocaban para debatir leyes generales, sino para autorizar al monarca a recaudar impuestos y decidir el destino de los fondos públicos. Los presupuestos no son meras tablas contables, sino el instrumento mediante el cual el pueblo, a través de sus representantes, somete al Gobierno al escrutinio democrático. Por eso es una anomalía democrática intolerable que, en una legislatura de cuatro años en España, hayamos consumido ya dos sin aprobar una nueva Ley de Presupuestos. Estamos ante un déficit democrático que erosiona la esencia misma de nuestro sistema parlamentario: una excepción convertida en norma. La Constitución prevé en su artículo 134 la prórroga automática de los presupuestos cuando no se aprueban unos nuevos. Este mecanismo tiene un sentido claro: garantizar la continuidad del Estado y evitar el colapso institucional. Pero lo que se concibió como una válvula de emergencia se ha convertido en un refugio cómodo para gobiernos sin mayoría estable. En este caso, la ausencia de presupuestos priva al Parlamento de su principal herramienta para controlar al Ejecutivo. Gobernar dos años con cuentas prorrogadas equivale a gobernar sin un verdadero examen parlamentario. La excepción ha pasado a ser norma, y la democracia se resiente. El problema no es técnico, sino político. Prorrogar los presupuestos significa gobernar con prioridades fijadas en otro contexto. Es prolongar el pasado en lugar de responder a los desafíos del presente. En la práctica, se congela la voluntad democrática y se bloquea el debate sobre qué país queremos construir. Giovanni Sartori advertía que «la democracia no es un estado de cosas, sino un proceso que requiere vigilancia constante». Estamos ante un síntoma de debilidad gubernamental y una tendencia a que la política viva de la inercia. Nuestra historia debería prevenirnos. Ya las Cortes de Cádiz de 1812 exigieron la rendición de cuentas del gasto público, vinculando libertad política y control económico. Jovellanos, en sus Memorias políticas, advertía que «el primer deber del poder es dar razón de los caudales del Estado, porque en ellos reside la confianza de la Nación». El parlamentarismo español nació, en buena medida, alrededor de la exigencia de aprobar anualmente los presupuestos. Olvidar esa tradición es traicionar el espíritu fundacional de nuestra democracia constitucional. España no está al borde del abismo ni su democracia en riesgo inmediato. Estamos ante síntomas de deterioro: parálisis institucional, erosión del control parlamentario, desprecio por las formas que sostienen la legitimidad democrática. Son señales que exigen tomarse en serio el problema antes de que la excepción se convierta en regla estructural. La solución no es otra que devolver la palabra al pueblo español. Porque lo que está en juego no son partidas contables, sino el pulso mismo de nuestra democracia ante el riesgo de naturalizarse. En cualquier democracia europea, una situación así sería percibida como escándalo. Aquí, en cambio, corre el riesgo de naturalizarse. Y cuando las anomalías se naturalizan, dejan de verse como problemas. La historia de Balmaceda recuerda hasta qué punto el presupuesto puede ser el eje de un conflicto político mayor. No estamos, afortunadamente, ante una situación similar, pero sí frente a una degradación silenciosa: la normalización de un poder ejecutivo que sobrevive sin rendir cuentas presupuestarias.