Editorial
Una legislatura con fecha de caducidad
La amnistía integral de los golpistas y aledaños no tiene el camino tan despejado como se pensaba y Puigdemont sigue asomado al banquillo. La Legislatura tiene los pies de barro de la mano de un régimen declinante que los españoles no merecemos
Se cierra una de las semanas más complicadas para el sanchismo con un cúmulo de reveses que ni siquiera la poderosísima maquinaria propagandista que maneja y el emporio mediático afín han podido maquillar entre un argumentario oficial obtuso y un estado de tensión de los maquinadores de esta confabulación corrupta. La ley de Amnistía, que es la única piedra sobre la que Pedro Sánchez puede levantar la legislatura, ha pasado de estar cuestionada en ámbitos judiciales, políticos y sociales de nuestro país a traspasar las fronteras e irrumpir como objeto sospechoso bajo el radar de la Unión Europea con decisiones abrumadoras y tan significativamente transversales que hasta los socialistas del continente se han alineado en sus cautelas preventivas con las fuerzas liberales y conservadoras. La trama rusa, que se indagará en Bruselas y que se ha instado a que se haga lo propio en Moncloa, ha supuesto una sacudida para los planes de Sánchez y Puigdemont que progresaban entre estragos judiciales y desencuentros parlamentarios. Nada ni nadie ha hecho mella en el discurso del presidente de que con amnistía o sin ella culminaría sus cuatro años de gobierno como este frente continental que se le ha abierto bajo sus pies, y que ha dejado afectado su liderazgo y su imagen. A medida que los acontecimientos se han agolpado en los tribunales y en las instituciones comunitarias, también en un buen número de cancillerías, ya alarmadas por los tentáculos del Kremlin en el separatismo catalán y por ende en la gobernabilidad de España, las certezas de la izquierda y de los separatistas se desdibujan y se instala la sensación de que ni siquiera un presidente con la moral fluida como Sánchez, capaz de cualquier cosa, podrá sobreponerse a las enmiendas exteriores. En un espacio de soberanía compartida y de extraordinaria dependencia financiera como la de nuestro país, de facto rescatado por generosísimos fondos comunitarios, los designios de Bruselas resultan apremiantes y ejecutivos por su capacidad de interferencia práctica. El borrado de los delitos de corrupción y traición de políticos pactados con otros políticos por siete escaños y poder contra todos los fundamentos capitales del Estado de Derecho, que son el principio de los principios del proyecto europeo, ha hecho saltar las alarmas en buena medida por los ingentes esfuerzos de los partidos de la oposición que han sido capaces de activar los anticuerpos europeos presos siempre de unas perezosas estructuras burocráticas. La misión de la Comisión de Venecia, como antes las de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, se han convertido en parapetos contra la arbitrariedad y los abusos del sanchismo. La amnistía integral de los golpistas y aledaños no tiene el camino tan despejado como se pensaba y Puigdemont sigue asomado al banquillo. La Legislatura tiene los pies de barro de la mano de un régimen declinante que los españoles no merecemos.
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