Me quedo con que aún no está todo perdido: de momento, contados los fallecidos enfermos dependientes consecuencia del «gran apagón», nadie desde la oposición política ha sacado los pies del tiesto llamando a las masas a tomar la calle al grito de «queremos un Gobierno que no nos mienta». Ya tiene bastante Sánchez con aplacar las –dicho sea de paso– muy impostadas ínfulas de sus socios de gobierno y legislatura frente al aumento del gasto militar (que así lo llamo yo) como para andar, ni siquiera abriendo una mínima rendija a la posibilidad de replantearse la actual estrategia energética del país, ya saben, esa que con la margarita en la boca de los años 70 se puso desde los gobiernos de nuestra izquierda a la cabeza de la «manifa» europea contra la energía nuclear y sublimando unas alternativas renovables que sin duda son el futuro… eso, el futuro.

De cara a su importantísima comparecencia parlamentaria del próximo miércoles (con permiso del arranque del cónclave cardenalicio faltaría más) el jefe del Gobierno ya tiene bien sembrado de cara a sus intransigentes socios de Sumar, Podemos o ERC, el infalible argumentario que más agrada a sus respectivas feligresías con doble dirección, de un lado la que criminaliza a todo lo privado –si es de mayoritaria titularidad pública y lo vestimos de privado compraran pulpo como animal de compañía– y de otro el señalamiento recuperando esa mohína campaña que hace cuarenta años pudo tener algún sentido a todo lo relacionado con una energía nuclear que hoy, en 2025 no hay nadie –salvo nuestro Gobierno de coalición y Teresa Rivera, comisaria europea a la sazón– desconocedor de que es ya mucho más segura y mucho más eficaz además de barata.

Después del gran apagón, la inevitable e ineludible pregunta es: ¿podemos permitirnos los españoles cerrar actualmente las centrales nucleares? Más que nada porque, como todo el mundo sabe, el corte de luz global ocurrido el lunes, poniéndonos en las páginas casi de sucesos en toda la prensa mundial, se producía justo cuando la mitad de los siete reactores españoles estaban inactivos. Dígase la verdad: el cierre nuclear incrementará el coste energético un 36%, destruirá decenas de miles de empleos y nos pondrá –para variar– a la cola de una Europa renuclearizada. Vuelta a la España del hornillo, pero al menos «no gobierna la derecha».