Pinganillo empresarial

El Gobierno mantiene al país bajo la ley de la ocurrencia oportunista, aquella que se aplica por el artículo 33, amparado en una mayoría parlamentaria progresista que, por mucho que se empeñen, ni es mayoría ni es progresista. Es una minoría suficiente con capacidad de aprobar lo que les venga bien aunque sea malo para los demás o, al menos, no sea bueno. El último capítulo de este inacabable culebrón melodramático en el que ha convertido Pedro Sánchez la presente legislatura vuelve a tener como protagonista a Carles Puigdemont, hacedor de logros inverosímiles para el pueblo catalán, que ni han pedido, ni les hace falta, ni siquiera se les había pasado por la cabeza.

Sánchez y el expresidente huido han pergeñado un cambio existencial al Proyecto de Ley de Atención a la Clientela del hasta ahora sensato Pablo Bustinduy para conseguir que las empresas españolas de más de 250 trabajadores, da igual si tienen su sede en Tomelloso o en Vitigudinos, estén obligadas a contratar empleados que atiendan a los clientes que les hablen directamente en alguna de las lenguas cooficiales del Estado en dicha lengua, como si no tuviéramos un idioma común con el que entendernos. Y yo me pregunto –imagino que también lo hace el resto de los españoles y, por supuesto, los catalanes con sentido común–, qué se quiere conseguir enarbolando los pinganillos del catalán que sobran en el Congreso de los Diputados y que han sido por enésima vez rechazados y descartados –por no decir directamente repudiados– desde los escaños de la Comisión Europea que, con suma razón y entre otros motivos, los desestiman porque es un gasto excesivo, irracional, incoherente, descabellado, ilógico, disparatado y, por supuesto, inadmisible. Pero en España, como manda la mayoría progresista y no lo pagan ellos, deciden aprobarlo para que los más de los 450 millones que puede costar la gracia lo paguen los empresarios, que para eso son ricos.