Pedro Sánchez no es de esos líderes que permiten que la realidad le estropee un buen titular o una rompedora puesta en escena; mejor si el auditorio es internacional. Ayer se despachó otra de esas dramatizaciones que lo ensalzan como el político más transparente e íntegro en un foro sobre el Gobierno Abierto en Vitoria. De propina, anunció la puesta en marcha de un nuevo Portal de Transparencia como una herramienta dirigida a responder a la corrupción con «valentía, con ideas y propuestas, y con decisión». Cuesta abordar este tipo de pronunciamientos de Sánchez porque la gente corriente, de buena fe, se guía por cánones éticos de respeto a la verdad que no es el caso. Era imposible que, a estas alturas de su mandato, y del historial que arrostra, aguardáramos al menos que se hubiera reconocido como el presidente que ha batido todos los récords de opacidad informativa con sus negativas a las solicitudes de información y reclamaciones en el Portal de Transparencia y buen Gobierno, que ya existe. Cualquiera diría que pretende neutralizarlo. Ni siquiera le tembló el pulso ni midió la adulación ante el progreso acelerado de los procesos judiciales por corrupción que afectan a su entorno. Tampoco mientras aparecían revelaciones sobre el trasiego de dinero en metálico en Ferraz directo a los bolsillos de José Luis Ábalos, que sepamos por la UCO, y desde ayer también a los de Santos Cerdán, que se benefició de 84 pagos en efectivo de la caja del partido entre 2017 y el año que estalló el caso Koldo, incluso después de que la formación prohibiera los abonos en cash en 2020. Oficialmente, respondían a liquidaciones de gastos El Gobierno y el partido se ciñeron a que todo era legal, que las entregas contaban con registro, que era una práctica habitual en el Parlamento y en muchas empresas y, sobre todo, que el Tribunal de Cuentas lo fiscalizó todo, ese mismo al que Ferraz le ocultó más de 200 depósitos bancarios sin consecuencias. El relato resulta poco consistente y menos convincente. Hablamos del mismo Ejecutivo que ha naturalizado las decenas de sobres con billetes a sus dirigentes ahora envueltos en procesos por corrupción, pero que ha venido alertando y restringiendo las operaciones con efectivo como medio de frenar usos irregulares e ilegales, fraudes y economía sumergida. De hecho, impuso un límite de 1000 euros para cualquier transacción en metálico como instrumento de prevención. Lo que era una práctica corriente de puertas para dentro en Ferraz resulta poco menos que criminosa para el español de a pie. La pista del dinero es contumaz y contundente. Refuerza la sospecha con indicios en la mano de que se movían entre los notables socialistas importantes sumas de billetes sin soporte documental y de origen desconocido. Si no hay una respuesta incuestionable a todo ello, y no existe de momento, los jueces tendrán que investigar lo que a todas luces parece una Caja B.